Se reanuda el juicio a Pity Álvarez con pedido de nulidad

Vuelve al banquillo el caso Pity Álvarez con nuevas defensas

Cristian Pity Álvarez durante una presentación en vivo

NewsITe

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, se reanudará este miércoles en los tribunales porteños, a más de seis años del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. La audiencia estará marcada por la irrupción de una nueva estrategia de defensa y por un pedido de nulidad del debate oral.

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Los flamantes abogados del músico, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, anticiparon que solicitarán la suspensión del juicio al considerar que Álvarez no se encuentra en condiciones psíquicas de enfrentar el proceso. En paralelo, pedirán que la causa se sustancie a través de un juicio por jurados populares, figura prevista en la Constitución Nacional y ya aplicada en varias provincias, aunque con escasos antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el cuarto intermedio dispuesto la semana pasada por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, el tribunal deberá resolver si hace lugar a los planteos de la defensa, que reclama una evaluación actualizada del estado de salud mental del acusado antes de continuar con el debate oral y público.

El estado psiquiátrico del músico, en el centro de la discusión

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Baños sostuvo que su defendido “no está en condiciones de estar en juicio” y que carece de la capacidad psíquica y cognitiva necesaria para afrontar un proceso de esta magnitud. El letrado recordó que el Cuerpo Médico Forense ya había dictaminado, en su momento, que Álvarez presentaba una incapacidad mental que impedía juzgarlo, lo que derivó en la suspensión del juicio en 2023.

Según ese informe, el artista padecería un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un cuadro depresivo severo, considerado extremadamente grave y prácticamente irreversible. Sobre esa base, la defensa exigirá ahora la realización urgente de una resonancia magnética nuclear de cerebro sin contraste y de un estudio cognitivo específico, pericias que –según afirman– aún no constan en el expediente.

La situación del músico se enmarca en un debate más amplio sobre cómo debe actuar el sistema judicial frente a imputados con posibles trastornos mentales graves. De confirmarse la inimputabilidad, el proceso penal podría quedar sin efecto y dar paso a medidas de seguridad o tratamientos bajo supervisión judicial.

El hecho investigado y la confesión pública

El caso se remonta a la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando, de acuerdo con la acusación fiscal, Álvarez asesinó a Cristian Maximiliano Díaz de cuatro disparos en el interior del complejo Samoré, en Villa Lugano. Tras el crimen, habría descartado el arma en una alcantarilla y luego se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Horas más tarde, el músico se entregó ante la Justicia. Delante de las cámaras de televisión, pronunció una frase que quedó registrada en la memoria pública: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”. Esa declaración espontánea reforzó la imputación en su contra y fue incorporada como un elemento más en el expediente.

  • La defensa reclama nuevas pericias psiquiátricas y cognitivas sobre el imputado.
  • El tribunal deberá resolver sobre el pedido de nulidad y la posibilidad de un juicio por jurados.
  • El antecedente del informe del Cuerpo Médico Forense será clave para definir la continuidad del proceso.

“Tenía un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo… extremadamente grave y prácticamente irreversible”, advirtió el abogado Javier Baños.

Con la reanudación del debate, el caso vuelve a colocarse en el centro de la escena judicial y mediática, no sólo por la figura de Pity Álvarez, ícono del rock barrial, sino también por la tensión entre el derecho de las víctimas a obtener justicia y la obligación del Estado de garantizar un juicio justo a quienes presentan severos problemas de salud mental.

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