Se trata de una norma clave que facilita las importaciones. El pasado miércoles el ministro de Economía lo anunciaba en sus redes y hoy se oficializó en el Boletín Oficial.
El Gobierno argentino aprobó un decreto clave para regular el comercio exterior. La medida busca simplificar procesos y mejorar la eficiencia administrativa.
El decreto unifica las normativas sobre dumping, subvenciones y salvaguardias. La Comisión Nacional de Comercio Exterior liderará las investigaciones. Además, se asignó al Ministerio de Economía la emisión de derechos antidumping y compensatorios.
Esta decisión busca dar transparencia y agilidad a los procedimientos. Según el texto oficial, los nuevos criterios consideran avances tecnológicos y la experiencia adquirida. También se promueve una mayor interacción entre el Estado y los ciudadanos.
Las investigaciones sobre dumping y subvenciones ahora deben cumplir plazos específicos. La Comisión Nacional deberá emitir informes preliminares en 90 días. Los derechos definitivos no podrán durar más de tres años, salvo prórrogas justificadas.
Cambios significativos en la estructura administrativa
El decreto también modifica la estructura de la Comisión Nacional de Comercio Exterior. La entidad tendrá un directorio integrado por un presidente y cuatro vocales. Estos durarán cuatro años en sus funciones, con posibilidad de renovación.
Otra novedad incluye la eliminación de antiguos organismos. Las funciones presupuestarias se transfieren a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. La normativa establece que esta transición deberá concluir en 180 días.
Impacto en las investigaciones y medidas
Las solicitudes para iniciar investigaciones deberán incluir pruebas concretas de prácticas desleales. Si la documentación está incompleta, los solicitantes tendrán diez días para corregir errores. Vencido este plazo, la Comisión podrá archivar el expediente.
El decreto también regula los exámenes para modificar derechos vigentes. Las prórrogas solo serán aceptadas si se demuestra la necesidad de mantenerlas. Además, se habilitan investigaciones “in situ” para verificar información.
La normativa incorpora reglas más estrictas para las medidas de salvaguardia. Estas solo se aplicarán tras investigaciones exhaustivas. Las medidas provisionales no podrán exceder 200 días y deben notificarse a nivel internacional.
El decreto prevé que las salvaguardias definitivas duren hasta dos años. Cualquier extensión deberá estar respaldada por informes que demuestren su efectividad.
El Gobierno destaca que estas medidas buscan equilibrar los intereses de productores y consumidores. Además, se promueve una mayor protección de las pequeñas y medianas empresas. El decreto representa un avance hacia la modernización del comercio exterior en el país.