Tras la realización de foros en el anexo de la Cámara de Diputados, esta semana comenzó el tratamiento en comisiones –de Mujeres y Diversidad, Trabajo, y Previsión y Seguridad Social– de diferentes iniciativas. Este mes se cumplió un año del envío al Congreso, por parte del Presidente, de Cuidar en Igualdad. Millones de mujeres no pueden trabajar de forma remunerada, por la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral.
De la Redacción de EL NORTE
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Hace poco se cumplió un año del envío al Congreso, por parte del Presidente, del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que apunta a ampliar licencias por maternidad y paternidad, crear una asignación para personas gestantes y no gestantes que sean monotributistas y un sistema integral de cuidados, entre otras cosas. Tras la realización de foros en el anexo de la Cámara de Diputados, esta semana comenzó el tratamiento en comisiones –de Mujeres y Diversidad, Trabajo, y Previsión y Seguridad Social– de diferentes proyectos.
Entre el año pasado y este se realizaron tres foros que enriquecieron la discusión. Uno con participación del Estado (ministerios de Mujeres, Desarrollo Social y Trabajo y Anses), otro con referentes del sindicalismo (CTA, CTA Autónoma y Corriente Federal) y el último con organizaciones comunitarias y movimientos sociales. La oposición no asistió. La problemática de cuidados también se instala, de vital importancia en la lucha feminista, vistos muchas veces como el núcleo de la desigualdad. En el siguiente paso hacia una posible norma que instaure un equilibrio, aquellas dos caras de la misma moneda serán tratadas por separado.
Hay 30 proyectos anteriores que tienen que ver con licencias, y 10 con cuidados. La tarea es unificarlos, con la esperanza de que para junio haya dictamen de “ambos aspectos” para poder llevar la ley –o dos leyes– al recinto.
CUIDAR EN IGUALDAD
El proyecto establece ampliar la licencia para mujeres y otras personas gestantes, que pasaría de forma inmediata de 90 a 126 días (como sugiere la Organización Internacional del Trabajo); la licencia para padres y otras personas no gestantes de dos a 90 días de forma progresiva a lo largo de ocho años; crear una asignación para personas gestantes y no gestantes que sean monotributistas, monotributistas sociales y autónomos y la licencia por adopción para todos los regímenes laborales.
Además, crea el Sistema de Cuidados que registra, reconoce y remunera los cuidados comunitarios. Propone la inclusión de un sistema de cuidadores/as domiciliarios/as para personas mayores dentro del plan médico obligatorio y compromete el 8,5 por ciento del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para ampliar la infraestructura en cuidados (centros de desarrollo infantil, jardines de infantes, residencias para personas mayores, centros de día).
De aplicarse tal como está planteado, el proyecto implicaría una inversión del 0,11 por ciento del PBI.
CUESTIÓN ECONÓMICA CRUCIAL
“¿Sabían que hoy los padres y las madres por adopción no tenemos derecho ni a un solo día de licencia? ¿Se les ocurre algún motivo válido para que no se apruebe el proyecto?”, tuiteó el periodista Gabriel Sued. “Cuando nació mi hijo mi marido solo pudo tomarse cinco días de licencia. No hay momento más solitario que el de quedarse en casa con un recién nacido”, tuiteó la socióloga Celeste Abrevaya. Mensajes de este tipo aparecieron en las redes sociales como respuesta a una campaña impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad junto a Unicef, OIT y ONU Mujeres, con el objetivo de pedir el tratamiento de la ley Cuidar en Igualdad.
Hay mayores posibilidades de acuerdo en torno al tema de licencias. Seguramente, el punto más sensible sea el debate distributivo: las asignaciones que se otorgarían a personas gestantes y no gestantes que sean monotributistas, o las remuneraciones que comenzarían a cobrar, por ejemplo, las mujeres que trabajan en los comedores comunitarios.
En la región, solamente Uruguay tiene vigente un sistema de cuidados.
La agenda de cuidados siempre pelea contra la idea de que hay otras urgencias, pero se trata de una problemática histórica.
“En un contexto de fuerte crisis económica mucha gente puede preguntarse por qué sería prioritario avanzar con una ley de cuidados cuando el foco debería estar puesto en ocuparse de temas centrales como bajar la inflación, recuperar el nivel adquisitivo de las familias, bajar los altos niveles de informalidad o incrementar las reservas del Banco Central. La discusión en torno a los cuidados es, en esencia, una cuestión económica crucial ya que se trata de una oportunidad para redistribuir la riqueza, generar empleos de calidad, impulsar el crecimiento económico y reducir los niveles de pobreza. En este sentido, los cuidados no solo son una cuestión de justicia social y equidad de género, sino que también tienen un impacto directo en la economía y en la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Hoy una de cada dos mujeres no tiene empleo ni lo busca. Hablamos de millones de mujeres que, por la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, no pueden trabajar de forma remunerada”, sostiene Delfina Schenone Sienra, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
TIEMPO SOCIAL PROMEDIO
En el país, el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres le dedican más de seis horas por día; los hombres, solo tres. Son datos pandémicos, de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada en 2021, pero la tendencia se mantiene. El informe realizado por el Indec se dio a conocer en octubre de 2022. Reveló que el 91,7 por ciento de las mujeres realizan trabajos no remunerados en contraste a un 75,1 por ciento de varones.
Según datos oficiales publicados en 2020 por el Ministerio de Economía, las tareas de cuidado representan el 16 por ciento del PBI en la Argentina. Dentro del feminismo hay un consenso de que constituyen la esencia de la desigualdad de género.
BRECHA Y AUSENCIA SALARIAL
Según datos de la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social, en el total de localidades de más de dos mil habitantes –que abarcan el 90 por ciento de población del país– hay casi 1,4 millones de hogares monoparentales. Se trata del 9,7 por ciento del total de hogares del país. El 85 por ciento es liderado por mujeres. En estos hogares viven casi 2,42 millones de niños y niñas menores de 18 años. Casi el 54 por ciento de estos hogares se encuentran bajo la línea de pobreza. Son datos del tercer trimestre de 2022.
Al mismo tiempo que se habla de la brecha salarial, se debe hablar de la ausencia salarial. También es cierto que en el mundo del trabajo: a las mujeres nos cuesta más que nos empleen y nos pagan y nos ascienden menos. El trabajo vinculado a cuidados es reconocido de manera formal.
La Organización Internacional del Trabajo señala que, si las mujeres tuvieran la misma participación que los varones en la economía a nivel regional, podría haber un aumento del 34% en el PIB de América Latina.
Menos mujeres en el mercado laboral significa también menos ingresos en los hogares y más pobreza tanto para esas mujeres como para niñas, niños y adolescentes. Hoy 6 de cada 10 personas con menores ingresos son mujeres. Esta situación se vuelve más urgente cuando hablamos de los hogares monomarentales, que representan casi uno de cada cuatro hogares del país y donde el nivel de pobreza llega al 59%, superando el promedio del resto de los hogares.
