Más de dos años después del siniestro vial que terminó con las vidas de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, el juicio oral llegó a la instancia final para resolver la situación del conductor del patrullero. Pablo Nicolás Moresco escuchará hoy, desde las 12 del mediodía, la determinación del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2. Fiscalía solicitó 12 años de prisión, mientras que el resto de la acusación la elevó a 25 y sumó el pedido de detención inmediata, entendiendo un riesgo de fuga.
Carolina Mitriani
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Las juezas Laura Fernández y María Elena Baquedano, junto al juez Alejandro López –presidente provisorio del estrado, ante dificultades en la voz de Baquedano–, compartirán desde el mediodía de hoy la sentencia y el oportuno veredicto sobre la causa que se le sigue al expolicía bonaerense, dependiente de la división local, Pablo Nicolás Moresco. En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) provocado por la pandemia de COVID-19, un operativo cerrojo improvisado terminó en el impacto del móvil conducido por Moresco y la motocicleta que transportaba a los dos jóvenes en barrio San Martín, quienes fallecieron a causa de los politraumatismos.
Declaraciones
Durante las audiencias celebradas se oyeron testimonios de familiares de las víctimas, peritos accidentológicos y varios integrantes de las fuerzas de seguridad. Cabe resaltar que ante la implicancia directa de la policía en este caso es la Prefectura Argentina quien se encarga de prestar custodia durante el juicio, a los fines de resguardar la actuación correspondiente. En la última jornada de debate y producción de pruebas –el pasado viernes– debió dar intervención por incidentes entre las familias Corbalán-Rial y la de Moresco. La tensión escaló al punto de generar la descompensación de Sandra Corbalán (madre de Ezequiel), quien necesitó de asistencia médica.
Verónica Arias recordó que “Ulises era un chico amiguero, buen compañero, trabajaba. Tiene una nena de 3 años. Tenía 25 años”. Su pronunciación ante el tribunal no fue demasiado extensa, con el componente emocional de los hechos y en la apertura del debate, por lo que centró sus palabras en el relato de lo sucedido aquel 1° de junio del 2020, cuando se enteraba a través de una noticia de diario EL NORTE sobre el accidente de tránsito.
Por su parte, Sandra Corbalán definió a su hijo diciendo: “Ezequiel era una persona incapaz de problemas. Trabajaba todos los días, se ganaba su pan. Hasta estuvo haciendo el autódromo. Era bohemio, un ser especial”. Lamentó que tenía tan solo “30 años cuando falleció”. Por el aislamiento, su principal fuente de trabajo estaba restringida; eso lo llevó a buscar otras vías de empleo. “Almorzamos el 31 de mayo en casa. Se habían cerrado todas las puertas en gastronomía”, relató Sandra sobre la última vez que vio con vida al joven.
Su mayor molestia sobre lo sucedido tras el choque está enmarcado en el accionar de los jerárquicos de la Policía Bonaerense. Sandra Corbalán repasó los primeros instantes de aquel fatídico día: “Me dicen que había un siniestro porque no habían acatado la orden policial. No me dicen el nombre, solo la chapa patente. (…) Cuando llego me dicen que había un muerto. Ahí me llevan a terapia y a mi hijo (de 18 años) a la morgue a identificar el cuerpo”, señaló, y destacó que el chico tiene secuelas psicológicas por aquella imagen que debió afrontar: “Dos veces lo llevaron a la morgue para sacarse el muerto de encima”.
La exposición ante el tribunal fue contundente al referirse a uno de los principales superiores de la fuerza a la que Moresco pertenecía en ese entonces: “Yo conozco al comisario Ayala por mi comercio, porque había muchos robos en la zona. Me fui al destacamento, le pregunté qué pasó con Ezequiel. Me dice que se chocaron el patrullero”.
Días más tarde, cuando se realizó la primera marcha en pedido de justicia, la madre volvió a cruzar al policía, a quien le dijo “me mentiste en la cara. Todo se quiso ocultar”.
En la investigación queda pendiente resolver si se iniciará en un futuro una causa contra los oficiales superiores para determinar si tuvieron algún tipo de implicancia como encubrimiento en favor de Pablo Moresco. Esto fue oportunamente planteado por la acusación, con más fortaleza desde algunos testimoniales contradictorios por parte de los efectivos que compartían trabajo con quien manejó el patrullero aquella madrugada del 1° de junio del 2020. “No faltaba nadie. Fueron todos a tapar la mugre”, arremetió con dolor Sandra, acerca de quienes se acercaron a la escena del choque con posterioridad al hecho.
“Los queríamos parar. ¿Qué estaban haciendo a esa hora?”. Sargento Leandro Vázquez, integrante del operativo que terminó en doble homicidio
Testigos
El sargento Leandro Vázquez, conductor de uno de los móviles de la Policía local que primero visualiza la moto de Ulises y Ezequiel, declaró que pidió a su compañero por handy “si puede cortar la moto”. Esto, explicó, fue porque “venían a alta velocidad. Nos llamó la atención por la hora y porque estábamos en pandemia”. Uno de los puntos de mayores consultas por parte de la acusación, tanto hacia él como hacia los oficiales que le siguieron en las exposiciones, estuvo en la capacidad de alcance de los equipos de comunicación. En este caso, al no poseer sistema de radio, debían estar en cercanías los patrulleros para recibir la modulación.
La percepción de velocidades también resultó clave en las declaraciones. Vázquez refirió que los jóvenes “iban a más de 90 kilómetros por hora” e “impactan contra el móvil policial. El móvil no los alcanza a esquivar”. Luego se esas palabras se exhibió en la sala de tribunales un video de las cámaras municipales de seguridad, donde se ve con claridad que la motocicleta circulaba a baja velocidad. Minutos más tarde pisó sus dichos asegurando que le “llamó la atención a la velocidad que venían. Subieron a 35 km/h sin mirar”.
El policía explicó que “el auto se empezó a mover porque estaba en marcha. No le andaba el freno de mano y había una pendiente”, consultado por la gran distancia que separó a los vehículos luego del choque. “Él (Moresco) hace una maniobra por un pozo. En ningún momento fue una medida brusca”, detalló Vázquez. Ante esto, el fiscal Darío Giagnorio alerta sobre diferencias cruciales en la declaración prestada por el ahora sargento al momento de suceder los hechos, en instrucción. Allí se expresa que Moresco “lo inclina (al patrullero) hacia la izquierda, creyendo el diciente (Vázquez) que fue para interceptar a la moto”.
Otro de los policías intervinientes, Franco Lapido, se hizo cargo de haber dado la orden “Cortame la moto que va por Illia”. En su expresión dijo que al día de hoy no se explica “cómo hizo la moto para doblar tan fuerte”. Señaló un punto determinante: que el móvil de Moresco venía circulando por el medio de la calle, perfilado hacia uno de los laterales. Pese a que las pericias demostraron buen estado en la cinta asfáltica, Lapido señaló que “el movimiento previo (del patrullero del acusado) fue como esquivando un pozo”. Sin embargo, en etapa de instrucción dijo que el patrullero se movió para interceptar a la moto.
El oficial, ahora sargento, no supo explicar al fiscal bajo qué medida iniciaron la persecución contra Ulises y Ezequiel. “Creo yo que no”, respondió, ante la consulta de si supusieron que estaban cometiendo un delito que ameritara interceptarlos. En cuanto a la posibilidad de que los jóvenes pudieran saber que lo que se les interponía era un móvil policial, Lapido contó que ni siquiera ellos pudieron identificar que se trataba de colegas el vehículo, por las malas condiciones del auto: “Paramos. Pensamos que era un auto civil. Rápidamente veo a los muchachos (Ulises y Ezequiel) que estaban con vida, se quejaban. A mi compañera Carina Coronel le pido que llame al 911 y ambulancias”.
Las múltiples inconsistencias y contradicciones que demostraron los distintos integrantes de la fuerza policial ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 serán parte clave de la resolución que se dará hoy, decidiendo sobre la libertad del exagente Pablo Moresco.
