La fiscal María del Valle Viviani agravó la acusación contra Cabaleyro y Espíndola, agregó a la causa los delitos de “extorsión por suscripción de documento con efectos jurídicos”, que tiene una pena de entre 5 y 10 años de prisión. El lunes solicitaría la prisión preventiva para ambos.
De la redacción de EL NORTE
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Se agotan los tiempos de la fiscalía para solicitar la prisión preventiva, el pedido formal ingresaría el próximo lunes. A partir de entonces la Jueza María Eugenia Maiztegui, deberá convocar a una audiencia en la que la parte acusadora y la defensa particular de los imputados expondrán sus argumentos. La fiscal a cargo de la investigación sostiene que existe peligro procesal y pedirá que los imputados afronten el proceso detenidos por el riesgo de entorpecimientos de la causa. El plazo máximo de duración de la prisión preventiva es de ocho meses, en ese lapso deberá elevarse la causa a juicio si se reúnen las pruebas suficientes para sostener la acusación.
Viviani decidió, al conocerse el resultado del allanamiento realizado en la Sede Central de Camioneros, imputarles un nuevo delito a los detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola. Por lo que además de “Turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción”, ambos sindicalistas están ahora imputados por un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión, es decir que el mínimo implica que no es excarcelable: “Extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico”.
Durante el allanamiento la fiscal habría encontrado los mismos recibos que en el sindicato en San Nicolás, en los que el gremio deja asentado el ingreso del dinero pagado por la empresa Rey Distribución pero sin ningún documento que certifique la presunta deuda que los gremialistas dicen haber cobrado con esos cheques, que la familia denunciante señala como el pago de la “coima” que les exigían para dejarlos “trabajar tranquilos”.
Cabaleyro y Espíndola habían sido convocados por Viviani a la Fiscalía General de San Nicolás el pasado miércoles para ampliar su declaración indagatoria e informarlos del nuevo delito del que se los acusa.
