Con el comienzo del 2024 culminó el proceso mediante el cual el Gobierno nacional destinaba asignaciones económicas para la Iglesia católica. Así lo informó la Conferencia Episcopal Argentina, ratificando el fin de un acuerdo pactado hace cinco años. “Estamos muy contentos con esta reforma porque nos autonomiza totalmente del Estado”, explicó a este medio el obispo de la Diócesis de San Nicolás.
De la redacción de EL NORTE
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La llegada del nuevo año trajo consigo modificaciones en distintas áreas gubernamentales a nivel nacional y una de ellas recae en la relación con la Iglesia católica. Sucede que a partir del 1° de enero se le puso punto final a la Ley 21.950 establecida en el año 1979, durante la última dictadura militar. Esta normativa establecía que el Ejecutivo debía otorgarle a “la Jerarquía Eclesiástica una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el Juez Nacional de Primera Instancia”.
No obstante, en 2018 dicha legislación sufrió un rotundo cambio. Por ese entonces en el Congreso de la Nación se comenzaba a debatir la interrupción voluntaria del embarazo, un particular rechazado desde el Episcopado. Esto generó un debate interno del Obispado, que devino en la decisión de afrontar una renuncia progresiva a la asistencia estatal. De esa manera decidieron que el sustento pasaría a fundamentarse en la solidaridad de los fieles y el apoyo mancomunado entre las distintas diócesis.
Clérigo local
Ante el cambio normativo, EL NORTE dialogó con la máxima referencia eclesiástica en la ciudad, el monseñor Hugo Santiago. “Estamos muy contentos con esta reforma porque nos autonomiza totalmente del Estado. Además, pensamos que son tiempos que ya es mejor funcionar así”, manifestó en primera instancia sobre este particular.
Sin embargo, el obispo de la Diócesis San Nicolás ratificó que el cese de asignaciones se debe exclusivamente a una decisión de la institución religiosa: “La decisión de renunciar al aporte del Estado no es del Gobierno, sino del Episcopado argentino. Se fue dando de manera progresiva desde 2018, los obispos podíamos renunciar ahí mismo a una asignación que estaba hace mucho tiempo fijada y que no era lo que correspondía”. “Este proceso se llama Reforma Económica de la Iglesia Católica, ahora empezamos a buscar recursos propios”, subrayó el presidente de Cáritas del territorio cristiano local.
Por otro lado, Santiago explicó a qué se destinaba el financiamiento proveniente del Ejecutivo. “Los únicos aportes eran para obispos, arzobispos y seminaristas, para cuestiones edilicias la asistencia era en casos puntuales”, detalló. “Para la Catedral le solicitamos a la Secretaría de Culto con la presentación de un proyecto concreto por tratarse de un edificio histórico. Primero lo evaluaron y después nos fueron ayudando con valores no tan importantes”, ejemplificó el monseñor con un caso que involucra los fieles nicoleños.
Solidaridad
Con la ausencia de la asistencia estatal, el clero debió reinventar la manera de sustentar sus gastos. Ante tal panorama, decidieron apelar a la creación de un fondo solidario. “Este cambio ha generado una corriente de solidaridad muy importante entre las diócesis más pudientes y las más pobres. A través de un fondo solidario, a aquella que manifieste en su presentación de cuentas un déficit, se la ayuda con el 100% durante el primer año y 50% en el segundo”, contó Hugo Santiago. Asimismo, insistió en que este sistema se “organizó sin ningún aporte del Estado” y que el nuevo esquema fue pensado como “una cuestión evangélica más acorde a nuestras necesidades”. “Ahora cada diócesis tiene que ver cómo se solventa”, firmó.
Empero, el obispo también resalto el rol de los feligreses en esta realidad. “La fe se sostiene con los creyentes, incluso se pueden presentar proyectos con un programa digital y la gente católica que quiera ayudar pueda hacerlo”, manifestó. Sin embargo, no dejó pasar que existen aspectos negativos que deben afrontar. “El problema es cuando hay personal que ciertamente hay que reducir para hacer la posible administración”, concluyó.
