La Fiscalía paraguaya eleva la presión judicial sobre el expresidente
NewsITe
La Fiscalía de Paraguay confirmó que el expresidente Santiago Peña podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión en el marco de la causa por el cierre del Ueno Bank, un caso que sacude a la dirigencia política y al sistema financiero del país vecino. La fiscal del caso, Verónica Valdez, explicó que la acusación contempla un concurso de delitos, lo que eleva significativamente el posible monto de la condena.
Peña está imputado por los delitos de lesión de confianza y conflicto de intereses. De acuerdo con la investigación, mientras ejercía la Presidencia de la República paraguaya mantenía todavía acciones en Ueno Bank, lo que habría configurado una incompatibilidad entre su rol institucional y sus intereses privados. Para el Ministerio Público, esta situación es un elemento central a la hora de analizar la gravedad de la conducta atribuida.
“La pena máxima que podría ser aplicada conforme a las calificaciones que ahora están previstas es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible”, señaló Valdez en conferencia de prensa, citada por el diario ABC Color y reproducida por la Agencia Noticias Argentinas. La figura de concurso de hechos punibles permite acumular responsabilidades cuando se considera que se cometieron varias infracciones a la ley penal.
La causa se inscribe en el denominado caso Ueno Bank, entidad financiera cuyo cierre desató un fuerte escándalo institucional. En una conferencia brindada por el Ministerio Público para informar avances de la investigación, el agente fiscal Francisco Cabrera detalló que para los exdirectivos del banco se maneja una expectativa de pena de hasta 12 años de cárcel, algo menor a lo que podría recaer sobre Peña por la combinación de delitos que se le imputan.
Detalle de las imputaciones y el avance de la investigación
Cabrera precisó que “estamos hablando de una expectativa de pena de hasta 12 años con relación a estos hechos punibles actuales, a las calificaciones jurídicas que se realizaron”, y aclaró que un eventual cambio en la calificación legal de los hechos podría modificar el marco penal aplicable. De esta manera, el expediente se mantiene abierto a nuevas derivaciones a medida que avanza el análisis de documentación financiera y administrativa.
Consultada sobre la posibilidad de que Peña o el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, vuelvan a declarar, Valdez recordó que ambos se habían abstenido de responder en sus respectivas indagatorias. La fiscal sostuvo que el Ministerio Público no puede obligar a ningún imputado a prestar declaración, ya que se trata de una garantía de defensa, aunque dejó abierta la opción de que soliciten una nueva audiencia si desean dar su versión de los hechos.
Otro punto bajo la lupa son los movimientos detectados en el domicilio de la familia Peña Ocampos, en Asunción. Versiones periodísticas indicaron la presencia de vehículos particulares supuestamente manejados por personal militar que ingresaban y salían de la vivienda. Valdez informó que la Fiscalía cuenta con registros de circuitos cerrados de televisión, que están siendo procesados para determinar quiénes participaron de esos movimientos y si se vinculan de algún modo con la investigación por el cierre del Ueno Bank.
La causa contra el exmandatario se desarrolla en un contexto político sensible para Paraguay, donde el vínculo entre poder político y sistema financiero vuelve a estar en el centro del debate público. El desenlace judicial del caso Ueno Bank será seguido de cerca tanto por la dirigencia local como por observadores regionales, atentos al impacto que pueda tener en términos de transparencia institucional y confianza en las reglas de juego económicas.
“Si la persona quiere prestar declaración, puede solicitar una nueva audiencia”, subrayó la fiscal Verónica Valdez, al remarcar que la indagatoria es un medio de defensa y no una obligación para el imputado.
Mientras tanto, el Ministerio Público paraguayo continúa con la recolección de pruebas documentales y peritajes técnicos sobre el funcionamiento del banco antes de su cierre. Los resultados de estos estudios serán clave para determinar responsabilidades penales definitivas y el eventual pedido de elevación a juicio contra Peña, los exdirectivos de la entidad y otros implicados en uno de los casos financieros más resonantes de los últimos años en el país.
