Santa Fe interviene ante una convivencia sin amparo judicial
NewsITe
El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, intervino en Guadalupe Norte, departamento General Obligado, para resguardar a una niña que vivía con una pareja sin ningún tipo de marco legal que avalara esa convivencia.
La situación tomó estado judicial cuando la pareja que tenía a la menor bajo su cuidado decidió presentarse ante la Justicia para solicitar la tutela. Durante el trámite, se constató que la niña no era hija biológica del matrimonio, que no existía resolución judicial previa ni intervención formal de los organismos competentes y que, por lo tanto, el vínculo se sostenía por fuera de los canales legales establecidos.
Ante estos elementos, el juez interviniente rechazó el pedido de tutela y dio intervención a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Desde el organismo provincial se evaluó, además, la posible configuración de un delito vinculado a la sustracción o retención irregular de una menor de edad, por lo que se activaron los protocolos de protección.
Restitución de la niña y actuación del Estado provincial
De acuerdo con el escrito oficial difundido por el Gobierno de Santa Fe, tras la resolución judicial se notificó formalmente a la pareja que debía reintegrar a la niña al organismo provincial en un plazo máximo de 24 horas. La medida, remarcaron, tuvo como objetivo principal garantizar la protección integral de la menor y resguardar sus derechos.
La entrega se concretó el sábado 16 de mayo, momento en el cual la niña quedó bajo el cuidado directo de la Secretaría de Niñez. Desde entonces, continúan las actuaciones administrativas y judiciales para determinar los pasos a seguir, evaluar su situación familiar de origen y definir un encuadre legal adecuado en el marco de la Ley de Protección Integral de Derechos.
No era la primera vez que la pareja se vinculaba con el sistema de protección de la provincia. Durante 2025 —según se informó— manifestaron ante la delegación Vera su intención de adoptar a un niño con una medida de protección, intentando ser incorporados al programa de Familias Solidarias. Ese programa contempla el cuidado temporal de chicos y chicas, pero no tiene como finalidad la adopción directa.
Programa Familias Solidarias y marco legal de la adopción
En aquella oportunidad, las autoridades descartaron su incorporación al programa luego de que la propia pareja reconociera que su objetivo central era concretar una adopción. Los funcionarios les explicaron que, para avanzar en un proceso de ese tipo, el único camino habilitado es la inscripción en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe (Ruaga).
El Ruaga es el organismo encargado de evaluar, seleccionar y acompañar a las personas y familias que desean adoptar, a través de criterios técnicos y judiciales que buscan priorizar el interés superior del niño, niña o adolescente. Cualquier otra vía, como acuerdos informales o entregas directas, constituye una práctica ilegal y puede configurar delitos penales.
- El programa Familias Solidarias está orientado al cuidado transitorio, no a la adopción.
- El Ruaga es el único registro habilitado para tramitar legalmente una guarda con fines adoptivos.
- Las convivencias sin resolución judicial pueden derivar en intervenciones del Estado y sanciones penales.
El relato de la pareja y la posible imputación penal
Tras el operativo, uno de los integrantes de la pareja, Jorge Rodríguez, relató cómo se inició el vínculo con la menor. Según declaró al medio Aires de Santa Fe, la madre biológica recurrió a ellos en diciembre del año pasado, en medio de una situación de extrema vulnerabilidad social y económica, y pidió ayuda para el cuidado de la niña. El contacto se habría concretado a través de una publicación en la red social Facebook.
“La mamá pidió cuidado a través de Facebook y nos hicimos cargo. Nosotros no queremos un título ni ser sus papás. Lo avisamos en la comisaría, en la Secretaría de la Niñez y a la asistente social”, afirmó Rodríguez.
Sin embargo, más allá de la versión de la pareja, la Justicia analiza si la convivencia y el posterior intento de tramitar una tutela por fuera de los mecanismos previstos en la ley podrían encuadrarse en el artículo 146 del Código Penal. Esa norma establece penas de prisión o reclusión de 5 a 15 años para “el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.
Con la niña ya bajo protección estatal, las autoridades provinciales remarcan la importancia de respetar los procedimientos formales de adopción y cuidado alternativo, tanto para garantizar los derechos de los chicos y chicas como para evitar que situaciones de ayuda solidaria, si no se encuadran legalmente, deriven en causas penales complejas para los adultos involucrados.
