Se pide investigar penalmente el caso de Garibaldi, de la niña abusada por su padre sobre la cual “se habría intentado obstaculizar una Interrupción Legal del Embarazo por parte de personas pertenecientes a la ONG católica”.
El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud; y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en los términos del art. 262 del Código Procesal Penal de Santa Fe y art. 263 del mismo código y en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967, presentó ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña de 12 años abusada por su padre en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida.
La actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo.
Impedimento de derechos
El escrito de Gobierno aclara: “Nos ocupa en particular, poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe (Resolución N° 45/2015 IGPJ de Santa Fe) que, a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”.
Cabe recordar que una niña de 12 años que pidió abortar luego de denunciar que sufrió reiterados abusos por parte de su padre, permaneció desaparecida durante más de 24 horas, tras no presentarse al Hospital Iturraspe para la interrupción voluntaria del embarazo. Tras un requerimiento fiscal, confirmaron que la menor y su madre estaban en la Casa Betania de las Hermanas Siervas de Jesús Obrero, adonde se las fue a buscar con la policía y una orden judicial. Hasta allí habrían sido llevadas por la organización católica Grávida, a la cual se pide investigar.
