A cuatro meses del dictado de la quiebra, todavía no existe una resolución de fondo firme que permita avanzar con los activos de la histórica láctea. Hay interesados en poner nuevamente en funcionamiento las instalaciones, mientras trabajadores y acreedores continúan a la espera.
La crisis de SanCor CUL continúa atravesada por la falta de una definición judicial que permita avanzar sobre el futuro de sus plantas industriales. A cuatro meses del dictado de la quiebra solicitada por la propia empresa, la ausencia de una resolución de fondo mantiene frenadas posibles inversiones destinadas a recuperar la actividad productiva.
El escenario afecta especialmente a las localidades de Santa Fe y Córdoba donde funcionaron las instalaciones de la histórica cooperativa. La paralización no solo alcanza a los trabajadores, sino también a familias y sectores productivos vinculados durante décadas con la actividad láctea.
La crisis acumula años de deterioro. Según recordó recientemente la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), hace nueve años comenzaron los primeros retrasos salariales y las irregularidades en el pago de haberes, una situación que nunca llegó a regularizarse.
A ese proceso se sumaron posteriormente la apertura del concurso preventivo, hace aproximadamente un año y medio, y el dictado de la quiebra cuatro meses atrás.
Sin embargo, el expediente todavía no cuenta con un pronunciamiento de fondo firme que permita avanzar con la liquidación de los bienes o establecer un mecanismo concreto para cancelar las deudas pendientes.
Inversores interesados en reactivar las plantas
Pese a la situación de SanCor, las instalaciones de la empresa todavía despiertan interés entre inversores privados.
Distintos oferentes adquirieron los pliegos licitatorios con la intención de aportar capital, reactivar el procesamiento de leche en las plantas y generar nuevamente puestos de trabajo para el personal desplazado.
Esas iniciativas, sin embargo, permanecen frenadas mientras no exista una resolución judicial que determine el marco legal para avanzar con una eventual adjudicación o liquidación de los activos.
La demora mantiene así en suspenso tanto la posibilidad de recuperar parte de la capacidad productiva como las expectativas laborales vinculadas con una eventual reapertura.
Trabajadores y acreedores, a la espera
La prolongación del proceso también repercute sobre los trabajadores y la cadena de acreedores de la compañía. Parte del personal permanece sin tareas efectivas y con pagos pendientes, mientras continúa la incertidumbre respecto del futuro de las instalaciones.
A ese escenario se agregó la decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de disponer la exclusión legal de los trabajadores respecto de la cobertura asistencial de la obra social sectorial.
También permanece sin una resolución definitiva la situación de quienes adhirieron al esquema de Retiro Voluntario Anticipado. Estos extrabajadores aguardan la liquidación formal de activos para poder cobrar las acreencias que mantienen pendientes.
En las localidades donde SanCor posee plantas procesadoras, la expectativa está puesta en una eventual reactivación de las instalaciones. La recuperación de la actividad aparece como un punto central para trabajadores, productores y otros sectores vinculados con una compañía que durante décadas tuvo un peso significativo en las economías regionales de Santa Fe y Córdoba.
