La causa está caratulada como “intimidación pública”.
Mientras la Brigada Antiexplosivos continuaba con sus labores en San Pedro, en el marco de la segunda jornada de amenazas de bomba dirigidas a escuelas y otras instituciones públicas, como la Municipalidad, la Justicia Federal ha asumido el control del caso y ya ha tomado medidas para avanzar en la investigación con el fin de identificar a los responsables.
En esta segunda jornada, la tarea del escuadrón antibombas se presenta más desafiante que la del día anterior. Durante el lunes, se dedicaron más de ocho horas a revisar minuciosamente cada edificio mencionado en las amenazas recibidas por correo electrónico en la cuenta del presidente del Centro de Estudiantes del Normal.
Inicialmente, la fiscal María del Valle Viviani se encargó de la instrucción del caso, pero ha transferido todas las actuaciones al fiscal Federal Matías di Lello, ya que el delito de intimidación pública es competencia de ese ámbito judicial.
El fiscal coadyuvante de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Wenceslao Hernando Insúa, ha informado a La Opinión que han recibido los registros de las acciones realizadas y han iniciado las consultas con expertos en delitos informáticos para asistir en la investigación.
El equipo especializado en ciberdelitos guiará los pasos a seguir para la Justicia Federal con el objetivo de determinar el origen de los correos electrónicos enviados al joven presidente del Centro de Estudiantes.