A 46 años de la más sangrienta dictadura cívico-militar en Argentina, el Ministerio Público Fiscal analizó lo referido a los crímenes cometidos en ese entonces, con premeditación y organización de distintos sectores. San Nicolás fue una de las tristes sedes de aquella época antidemocrática, en la que el terrorismo de Estado cosechó víctimas. Luego de gozar de marcados beneficios de impunidad, 633 represores ven desde cerca el horizonte hacia la condena; seis de ellos corresponden al ámbito nicoleño.
Carolina Mitriani
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La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a partir de lo recabado en fiscalías federales y unidades especiales que intervienen en estos procesos en todas las jurisdicciones del país, ha dado un panorama esclarecedor acerca de la situación de los acusados en el marco de la sangrienta dictadura militar.
San Nicolás forma parte de los escenarios que –con 273 sentencias dictadas– buscan un camino hacia las condenas ejemplares de los ejecutores de las acciones de terrorismo de Estado. Un total de 1058 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y 165 resultaron absueltas desde el primero de los juicios de este tipo, cuando en el año 2006 se realizó la reapertura de las causas.
Sede del horror
Distintas agrupaciones han sido principalmente apuntadas por la dictadura militar a la hora de realizar sus tareas de persecución y silenciamiento. En San Nicolás (entre otros sucesos de este tenor) 15 personas fueron privadas de su libertad. En años que resultaron clave para la organización del sector de trabajadores de la siderurgia y metalurgia de la zona, dentro de los afectados coexistían afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica, integrantes de la agrupación sindical “Felipe Vallese”, militantes de la Juventud Peronista y de la Organización Política Militar “Montoneros”.
Los hechos -que están aún bajo investigación- sucedieron en el denominado “Área Militar 132”, con la coordinación del Batallón de Ingenieros de Combate 101. A los 15 padecientes, tras las detenciones, se los mantuvo en cautiverio y fueron objeto de torturas en las instalaciones de la Comisaría Primera de San Nicolás.
Los acusados son el coronel retirado Antonio Federico Bossie, los tenientes coroneles retirados Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada, el exsubteniente Carlos Manuel Biglieri, el exoficial inspector Carlos Alberto Tuero y el excomisario Juan Calixto Perizzotti. Estos están referidos bajo la presunción de privación ilegítima de la libertad agravada. A su vez, se reconocen en el proceso las torturas y los allanamientos ilegales efectuados en los domicilios de algunas de las víctimas y sus allegados, en los que también efectuaron robos de objetos personales
El pasado mes de febrero, el fiscal federal Matías Di Lello requirió al juez Carlos Villafuerte Ruzo la elevación a juicio de los mencionados. En la solicitud, la fiscalía consignó que las detenciones transcurrieron en el año 1976 y Di Lello acusó que lo investigado está enmarcado en “graves violaciones a los derechos humanos y merecen ser considerados como crímenes de lesa humanidad, perpetrados en cumplimiento del plan sistemático de represión y exterminio instrumentado durante la última dictadura cívico-militar”.
Cargos jerárquicos
Partiendo de la noción básica de que no solo las fuerzas armadas participaron activamente de los hechos transcurridos en la época más oscura de la Argentina, sino que también los ejecutaron en complicidad con grandes grupos económicos y de poder, los seis acusados del mencionado hecho del «Área 132» ocuparon puestos de alto mando al momento de direccionar las ordenes de persecución, tortura y muerte. Esta condición es el denominador común de un gran número de investigados, como parte del principal entramado de la organización criminal.
Bossie conformó desde diciembre de 1973 el Batallón de Ingenieros de Combate de San Nicolás con el grado de capitán, además de cumplir funciones como Oficial de Operaciones e Inteligencia los tres años posteriores. Di Lello considera que, por su alto cargo, fue quien ejerció órdenes que sus subalternos ejecutaron.
Piccione cubría el lugar de capitán y era consignado como oficial de Logística y oficial de Personal, además de conformar un rol central en el batallón nicoleño. Al coordinar acciones de manejo de personas de la institución, es acusado de disponer y organizar los medios humanos y materiales para llevar adelante los operativos de captación y tortura.
Andrada fue designado como teniente coronel el primer día del año 1976. Desde la fiscalía indican que “fue reconocido por otras víctimas en las diversas causas tramitadas en la jurisdicción de San Nicolás”.
Biglieri en aquel entonces era jefe de la Sección para Operaciones Subversivas del Área Militar 132.
Tuero estaba a cargo de la Comisaría Primera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el lugar señalado como espacio de cautiverio y tortura a las 15 personas que resultaron víctimas del hecho. Esta causa es la que por primera vez lo enfrenta a cargos por lo transcurrido en la dictadura.
También está acusado en este proceso Perizzotti, el entonces comisario de la Policía de la Provincia de Santa Fe, quien encabezó la Oficina de Coordinación dependiente del Área 212 y de la Jefatura de la Guardia de Infantería Reforzada de la Unidad Regional I.
Justicia
Un total de 3596 personas están bajo el dedo acusador por lo sucedido hace 44 años. El mayor número de ellas, 1058, han sido condenadas. En tanto, 964 acusados fallecieron antes de finalizar sus procesos en el banquillo. 573 están al momento imputados; mientras que 542 resultan procesados. 165 consiguieron la absolución frente a la Justicia; mientras que 96 fueron sobreseídos. Otros 142 obtuvieron la falta de mérito, es decir, no se presentaron pruebas suficientes para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseerlos. Los indagados, contabilizados hasta el presente mes de marzo, son 34. Otros 22 sujetos implicados en las investigaciones aún se encuentran prófugos.
