El municipio acusa a la empresa de obstaculizar un procedimiento policial
NewsITe
El Municipio de San Isidro presentó una denuncia penal contra una empresa de seguridad privada que, según afirmó, impidió el ingreso de la Policía Bonaerense a un barrio cerrado luego de un violento robo con privación ilegítima de la libertad. La comuna también reclamó ante el Ministerio de Seguridad provincial la sanción e inhabilitación de la firma.
El episodio ocurrió en la madrugada del domingo 18 de octubre, en jurisdicción de la Comisaría 11ª de San Isidro. De acuerdo con el reporte municipal, cerca de las 2.30 una vecina de la calle Ernesto de las Carreras al 2100 alertó por fuertes ruidos en los techos. A partir de esa llamada, el móvil 442 de la Patrulla Municipal y el Comando de Patrullas de la Policía provincial montaron un cerrojo en la manzana y revisaron propiedades linderas.
Durante ese rastrillaje, los efectivos hallaron un bolso con un crique, lo que reforzó la hipótesis de que se estaba cometiendo un hecho delictivo en la zona. Ante la sospecha de que los autores podían haberse refugiado en un barrio cerrado cercano, la Policía solicitó ingresar al predio para inspeccionar su interior. Sin embargo, la seguridad privada del lugar negó la autorización y bloqueó el acceso de las fuerzas de seguridad.
Robo, privación de la libertad y fuga
Cerca de las 3.34, tres hombres lograron entrar por la parte trasera de la vivienda de Tomás Makintach, situada dentro del barrio cerrado en cuestión. Según la denuncia, permanecieron allí entre 30 y 45 minutos, tiempo durante el cual revolvieron distintos ambientes y exigieron dinero y objetos de valor.
Los asaltantes se llevaron 1.000 dólares, 800.000 pesos mediante una transferencia desde una cuenta de Mercado Pago, un teléfono celular Samsung S26 Plus, un reloj Garmin, una consola PlayStation 3 y las llaves de un automóvil Honda estacionado en la vía pública. Aunque no golpearon ni ataron a la víctima, la redujeron y escaparon en su vehículo Ford, llevándola dentro del auto.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, el personal de seguridad privada del barrio les abrió la salida a los delincuentes, sin impedir la fuga ni alertar a tiempo a las autoridades policiales que ya se encontraban en la zona. El recorrido de huida continuó por las calles Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. Al llegar a Murature, la víctima logró arrojarse del automóvil, que fue abandonado unos metros más adelante. Los ladrones escaparon a pie hacia el barrio San Cayetano.
Denuncia penal y marco legal
El municipio remitió a la fiscalía interviniente las imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales en distintos puntos del recorrido de fuga y trabaja en coordinación con la Policía Bonaerense y el Ministerio Público Fiscal para identificar a los responsables del robo y la privación de la libertad.
Además, la comuna formalizó una denuncia penal contra la empresa de seguridad por presunta resistencia o desobediencia a la autoridad y por ayudar a eludir la acción de los investigadores. La presentación se apoya en los artículos 239 y 277 del Código Penal, que sancionan tanto la desobediencia a un funcionario público como la colaboración para evitar que alguien sea sometido a una investigación judicial o policial.
En paralelo, se elevó al Ministerio de Seguridad de la provincia un pedido de sanción e inhabilitación de la compañía, bajo el argumento de que su conducta entorpeció el proceso de persecución y facilitó la huida de los delincuentes. La comuna recordó que la Ley provincial 12.297 obliga a las empresas de seguridad privada a colaborar activamente con la Policía y con los organismos de persecución penal cuando se trata de hechos que involucren a las personas o bienes bajo su custodia.
“Los prestadores de servicios de seguridad privada deben cooperar y asistir a las autoridades policiales en relación con las personas o bienes bajo su vigilancia”, establece la Ley 12.297 de la provincia de Buenos Aires.
La investigación continúa a cargo de la fiscalía competente, mientras desde el municipio remarcan que el caso sienta un precedente sobre el rol y la responsabilidad de la seguridad privada en los barrios cerrados frente a hechos delictivos y operativos policiales en curso.
