El acusado recibió tres años de prisión condicional.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta sentenció a un hombre a la pena de tres años por haber adulterado el DNI de otra persona.
El juez Federico Santiago Díaz determinó que Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza falsificó el Documento Nacional de Identidad de Gabriel Fernando Ávila, al tiempo que ordenó la destrucción del mismo y que se “procede a regularizar la situación” de la víctima.
En este sentido, el magistrado remitió los oficios al Registro Civil y demás organismos pertinentes para informar sobre su resolución.
El damnificado, vecino de la ciudad de Tartagal, denunció el hecho en 2012, cuando al ir a votar por primera vez, detectó que otro individuo utiliza su mismo número de DNI. En 2016, se enteró de que debía multas de tránsito, y además, no pudo contraer matrimonio.
Ávila explicó que años atrás su madre viajó a Bolivia, en el que perdió su documento y también el de su hermano. Sin embargo, al momento de sufragar descubrió que su nombre aparecía con domicilio en Salta capital.
Por su parte, el Registro Civil le indicó que no podía casarse debido a que había un hombre con sus mismos datos, aunque con características físicas diferentes. Luego decidió radicar la denuncia por usurpación de identidad en el fuero ordinario, pero el Ministerio Público Fiscal aseguró que la causa fue archivada.
Posteriormente, acudió a la Sede Descentralizada de Tartagal, que giró la investigación a la Unidad Fiscal de Salta.
El fiscal general Carlos Martín Amad ordenó las tareas de campo preliminares, tras lo cual solicitó la detención del sospechoso.
El imputado, identificado como Jorge David Ari Canaza o Mamani Arias Canaza, se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Garantías N°1.
Entre otras conclusiones, la fiscalía logró determinar que efectivamente había dos personas que usaban el número de DNI de Ávila: una era el propio afectado, con domicilio en Tartagal, y el otro era el acusado, con residencia en Salta, con trámites realizados en el año 2013 y en el 2016 respectivamente.
El magistrado procesó a Canaza sin prisión preventiva a fines de 2023 y elevó el caso a juicio oral. Las partes acordaron llevar a cabo un juicio abreviado y Arias Canaza fue sentenciado a tres años de prisión condicional.