Allanamientos en Salta por una maniobra con aptos médicos para licencias
NewsITe
Una investigación por presuntas maniobras irregulares en la emisión de certificados de aptitud psicofísica para licencias de conducir profesionales derivó en allanamientos y en la detención de una empleada administrativa de una clínica privada en la ciudad de Salta. El caso pone bajo la lupa el sistema de control de los aptos médicos, un requisito clave para garantizar la seguridad vial en las rutas del país.
De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal de Salta, la pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por la Clínica Cruz Azul SRL, prestadora de servicios de estudios psicofísicos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La institución detectó que, a través del sistema oficial REPRE, se habrían validado como “aptas” a 3.477 personas que nunca pasaron por la correspondiente evaluación médica.
Frente a estas inconsistencias, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) analizó sistemas informáticos, la trazabilidad de cuentas bancarias y realizó tareas de campo. Con esos elementos, la Fiscalía solicitó allanamientos en tres domicilios vinculados a la investigación, donde se secuestró abundante documentación y se dispuso la detención de una trabajadora administrativa, que fue trasladada a la Alcaidía General de Salta.
La denuncia formal fue presentada el 23 de diciembre pasado por el apoderado de la Clínica Cruz Azul contra la empleada ahora detenida. Según la acusación, durante el período en el que la mujer se tomó vacaciones, una supervisora advirtió que se habían emitido recibos por prestaciones que no figuraban como rendidas al área contable. Paralelamente, detectaron la carga en el sistema REPRE de certificados de aptitud asociados a personas que no habían sido atendidas en la institución.
Ante esa sospecha, la clínica pidió a la ANSV un informe completo de los aptos emitidos durante 2023 y procedió a modificar las claves de acceso al sistema oficial. Al cruzar la información se halló una diferencia de 3.477 certificados emitidos sin respaldo en historias clínicas ni atenciones reales, lo que llevó a encuadrar la maniobra como presunta administración fraudulenta.
Mientras avanzaba la auditoría interna, la empleada investigada presentó su renuncia el 12 de diciembre. Sin embargo, los responsables de la clínica detectaron días más tarde la carga de seis nuevos certificados irregulares desde otro usuario del sistema, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de un mecanismo organizado para validar aptos truchos.
Rastreo de movimientos bancarios y posibles imputaciones
Como parte de la causa, la Fiscalía requirió información a entidades bancarias y plataformas de pago digitales con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero vinculado a la sospechosa. Ese análisis reveló una marcada desproporción entre los ingresos que la mujer tenía declarados y los movimientos detectados en sus cuentas, donde se observa un flujo constante de transferencias de terceros.
- Los titulares de esas transferencias coincidirían con personas incluidas en los listados de la clínica como supuestos beneficiarios de aptos.
- Los investigadores evalúan si esos movimientos se corresponderían con pagos por la obtención de certificados sin la realización de estudios psicofísicos.
Fuentes judiciales señalaron que la maniobra, de comprobarse, no solo configuraría un delito económico, sino también un grave riesgo para la seguridad vial, al habilitar a conducir a personas que nunca fueron evaluadas.
La causa continúa en manos de la UDEC, que deberá avanzar con peritajes informáticos, análisis de documentación y eventuales citaciones a declarar a quienes figuran como beneficiarios de los aptos cuestionados. No se descarta que, a partir de nuevas pruebas, sean imputadas más personas vinculadas al circuito de emisión y carga de certificados médicos para licencias profesionales.
