Caputo destacó que las propuestas fueron inferiores al precio tope y aseguró que el esquema busca eficiencia, inversión privada y mejores rutas
El Gobierno Nacional anunció la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). Esta etapa prevé la privatización de 741 kilómetros de rutas nacionales distribuidas entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que las propuestas presentadas “fueron por debajo del precio tope fijado en el pliego”. Esto —según explicó— garantiza “eficiencia y transparencia”. Además, destacó que el modelo “avanza sin subsidios, con inversión privada y con mejores rutas”.
Un proyecto que busca modernizar la red vial
Caputo señaló que esta etapa representa “el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 kilómetros concesionados”. También hizo mención al “objetivo de mejorar la logística, reducir costos productivos y fortalecer la integración regional”. “Estas rutas son fundamentales para la producción, las exportaciones y la conexión con Brasil y Uruguay”, afirmó el funcionario a través de sus redes sociales.
La Etapa I de la RFC fue lanzada en enero y cerró el 5 de agosto pasado. Incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria y tres pasos fronterizos estratégicos para el comercio y el transporte internacional.
Avanza la licitación de la Etapa II
En paralelo, el Ejecutivo anunció una nueva licitación pública para privatizar más de 1.800 kilómetros de rutas dentro de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones.
Los tramos a licitar corresponden al Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que incluye las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas; y al Tramo Pampa, de 547 kilómetros sobre la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa.
Con este programa, el Gobierno busca consolidar un esquema de mantenimiento y desarrollo vial basado en inversión privada, orientado a mejorar la conectividad y reducir la dependencia del gasto público en infraestructura.
