El oficialismo pretende aprobar la ordenanza antes de fin de año para reforzar los controles en la vía pública. El proyecto contempla sanciones económicas, excepciones y programas de reinserción laboral.
El Concejo Municipal de Rosario avanza en el debate de un proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches, conocidos como “trapitos”, en la vía pública. El oficialismo pretende acelerar su tratamiento para aprobar la ordenanza antes de fin de año y habilitar operativos conjuntos entre los agentes municipales y la Policía de Santa Fe.
La iniciativa, impulsada por el intendente Pablo Javkin, propone adherir a la ley provincial 14.486 y establecer sanciones para quienes ofrezcan espacios de estacionamiento o realicen tareas de cuidado, lavado y limpieza de vehículos a cambio de dinero, incluso cuando el pago sea voluntario.
El concejal oficialista Fabrizio Fiatti remarcó la necesidad de avanzar con la normativa para responder a los reclamos de los vecinos y fortalecer las herramientas de control en las calles.
Multas y sanciones para los cuidacoches
El proyecto establece entre 15 y 80 horas de tareas educativas para quienes desarrollen la actividad sin autorización. En los casos agravados, como amenazas, violencia o presencia en zonas restringidas, contempla multas de entre $23.270 y $465.400, además de mayores cargas educativas.
Para quienes organicen o coordinen la actividad, las sanciones económicas podrían alcanzar los $930.800, según los valores de referencia de octubre.
La propuesta también contempla excepciones que permitirían autorizar cuidacoches en determinados sectores o eventos, bajo condiciones establecidas por el Ejecutivo municipal.
Debate político y alternativas laborales
Mientras el oficialismo busca acelerar la aprobación, sectores de la oposición reclaman más tiempo para analizar el proyecto y sus condiciones de implementación.
Uno de los puntos centrales es la coordinación con la Policía provincial, ya que la aprobación de la ordenanza permitiría avanzar con un convenio para realizar intervenciones conjuntas.
Además de las restricciones, la iniciativa incorpora programas de capacitación en oficios, acceso al empleo y acompañamiento social para quienes actualmente desarrollan esta actividad.
El debate continuará en las comisiones del Concejo, donde todavía no existe consenso sobre los plazos de aprobación de la normativa.
