Los fiscales presentaron pruebas contundentes, incluyendo videos y llamadas al 911, y solicitaron la prisión preventiva para evitar que los acusados entorpezcan la investigación.
Diez policías de Rosario enfrentan graves acusaciones por llevar a cabo allanamientos ilegales, robos y detenciones arbitrarias en operativos realizados entre marzo de 2023 y noviembre de 2024.
Los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci, a cargo del caso, presentaron pruebas contundentes para sostener la imputación:
Grabaciones de llamadas al 911, videos aportados por las víctimas y testimonios de los damnificados.
Las acusaciones
Según la investigación, los efectivos habrían ingresado a viviendas sin orden judicial, utilizando la fuerza y provocando daños materiales.
Además, se los acusa de sustraer bienes personales de los domicilios allanados y de arrestar a personas sin justificación legal.
Estos procedimientos se llevaron a cabo bajo la apariencia de operativos reales, lo que habría permitido a los agentes encubrir sus acciones durante meses.
Los fiscales detallaron que las víctimas de estos hechos no solo sufrieron pérdidas materiales, sino que también enfrentaron situaciones de intimidación y violencia.
Las pruebas presentadas incluyen registros de audio en los que se escuchan comunicaciones entre los agentes, así como videos que muestran los momentos en que las víctimas eran agredidas y detenidas sin causa.
Prisión preventiva
Durante la audiencia, realizada ante la jueza María Melania Carrara, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la prisión preventiva para los diez policías implicados.
Los fiscales argumentaron que, debido a la gravedad de los delitos y al rol de los acusados dentro de la fuerza policial, existe un alto riesgo de que puedan entorpecer la investigación si permanecen en libertad.
Además, se subrayó que los hechos imputados afectan no solo a las víctimas directas, sino también a la confianza de la comunidad en las instituciones de seguridad pública.
“Estamos hablando de delitos que no solo perjudican a personas específicas, sino que erosionan la legitimidad de la policía ante la sociedad”, afirmó el fiscal Caterina durante la audiencia.
La defensa
Por su parte, los abogados de los policías argumentaron que no existen pruebas suficientes para justificar el encarcelamiento de sus defendidos mientras avanza la investigación.
También plantearon que algunos de los hechos imputados podrían ser considerados como excesos en el ejercicio de sus funciones y no como actos deliberadamente delictivos.
La justicia
La jueza Carrara decidirá en los próximos días si hace lugar al pedido de prisión preventiva, mientras la investigación sigue en curso.
En caso de ser hallados culpables, los policías podrían enfrentar penas severas, incluyendo la inhabilitación para ejercer funciones públicas y condenas de prisión efectiva.
El caso ha generado una fuerte repercusión en Rosario, donde las denuncias de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad han sido una constante en los últimos años.
Este proceso judicial representa un desafío para las autoridades en su intento por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones policiales.