Giro en la causa por presunto abuso en un jardín de Empalme Graneros

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La Justicia de Rosario ordenó la inmediata liberación del portero del jardín de infantes N° 261 del barrio Empalme Graneros, quien permanecía detenido con prisión preventiva desde el 10 de junio por denuncias de presuntos delitos contra la integridad sexual de tres menores. La decisión se tomó tras conocerse los resultados de las entrevistas en Cámara Gesell, que descartaron los indicios que habían motivado la acusación inicial.
La resolución, firmada por el juez Rafael Coria, modificó la situación procesal de R. L., de 55 años. De acuerdo con fuentes judiciales, los especialistas que intervinieron en las pericias no detectaron indicadores médicos ni conductuales compatibles con situaciones de abuso. Además, los niños no pudieron relatar los hechos tal como estaban descriptos en las denuncias ni mencionaron al portero como involucrado.
En paralelo, la investigación avanzó con las declaraciones de todo el personal docente y no docente del establecimiento, ubicado en la intersección de las calles La República y Cabal. Los compañeros del trabajador señalaron ante la fiscal Antonela Valente que, por la organización interna del jardín, el portero nunca quedaba a solas con los alumnos, lo que debilitó aún más la hipótesis acusatoria.
Otro elemento determinante surgió del análisis de los turnos de asistencia. Según se reconstruyó en el expediente, una de las presuntas víctimas asistía al jardín en el turno tarde, mientras que el empleado cumplía tareas en un horario distinto, lo que llevó a concluir que no existían posibilidades de que ambos se cruzaran dentro del edificio en las condiciones señaladas en las denuncias.
Conmoción social y continuidad de la causa
Pese al cese de la prisión preventiva y la liberación inmediata del sospechoso, la causa penal continuará su curso para revisar en detalle el origen de las acusaciones y las responsabilidades institucionales. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y en el barrio, especialmente luego de que un grupo de familiares intentara agredir al trabajador y a los docentes, situación que obligó a un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad para evitar mayores incidentes.
En este contexto, el Ministerio de Educación de Santa Fe había resuelto la intervención integral del jardín de infantes N° 261 y la remoción total de su plantel, incluidos directivos y docentes. Esa medida se mantiene vigente mientras avanzan las diligencias judiciales y administrativas. La decisión oficial apuntó a garantizar contención a las familias, preservar el funcionamiento del establecimiento y asegurar que la investigación se desarrolle sin presiones internas.
El caso vuelve a poner en primer plano el delicado equilibrio que debe observarse entre la necesidad de investigar rápidamente las denuncias vinculadas a la niñez y el respeto a las garantías procesales de las personas señaladas. La evolución del expediente será seguida de cerca por la comunidad educativa y por organismos especializados en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

