La empresa permanece impedida de operar desde el 20 de marzo pasado por una cautelar interpuesta por la jueza Luciana Díaz Bancalari, tras el accidente producido en un sector de la planta. Por esta razón, se abre un registro para que los trabajadores suspendidos desde hace tres meses puedan desvincularse voluntariamente de la compañía. “Hay una injerencia de los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente y de la jueza Díaz Bancalari”, asegura Ricardo García, secretario general del Sindicato de Químicos.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
El Secretario General del Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas, Ricardo García, se refirió este martes a la decisión de la empresa Atanor de abrir un registro de retiros voluntarios para los trabajadores de la planta que se encuentra paralizada desde el 20 de marzo por una medida cautelar interpuesta por la jueza Luciana Díaz Bancalari, quien hizo lugar a una presentación de una ONG ambiental.
“La empresa nos comunicó el viernes sobre la decisión de implementar los retiros voluntarios debido a que todavía no hay respuesta de la justicia”, afirmó García en comunicación con el programa “Primicia Nicoleña” (Radio U).
Luego de presentar diferentes peritajes que avalarían que el proceso de producción no es agresivo para la salud de las personas y el medioambiente, la empresa Atanor dispuso el 14 de mayo la suspensión del total de los trabajadores de la planta, quienes están percibiendo –desde entonces- el 75% del salario. Son 150 los operarios afectados, entre personal propio y de contratistas.
“Esto lo veíamos venir. Era obvio que se estaban estirando todos los tiempos, y que algún problema íbamos a tener porque la semana que viene se nos vence el acuerdo de suspensión”, sostuvo García. El esquema de suspensiones vence el 11 de agosto.
Para Ricardo García, “la situación es complicada porque ya vamos a cumplir cinco meses sin trabajar, cobrando un 75% del sueldo. Ya desde ese momento los trabajadores estamos sufriendo un deterioro salarial muy grande. Y ahora, pasado el tiempo, estamos en esta situación en la que no debiéramos estar”
El dirigente gremial concluyó: “Acá hay una Justicia injusta, una injerencia de los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente y de la jueza Díaz Bancalari”, apuntó. “Si bien en un sector de la planta hubo un accidente, eso todavía está en peritaje. No se sabe qué pasó, pero nos clausuran el resto de la planta. No hay lógica”, manifestó.