La Auditoría revisará el accionar fiscal en el caso Belloso
La actuación de la fiscal Raquel Almada será revisada por la Auditoría General de Gestión (AGG) tras su decisión de liberar a Matías Belloso, hijo del presidente de Rosario Central, y al resto de los jóvenes detenidos luego del hallazgo de un arma de fuego en el vehículo en el que se desplazaban. La medida generó un fuerte malestar interno en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino y abrió interrogantes sobre los criterios utilizados en la causa.
El episodio que derivó en esta controversia ocurrió a fines de junio en la ciudad de Granadero Baigorria, al norte de Rosario. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos hombres que habrían amenazado e intentado ingresar armados a una vivienda. A partir de esa denuncia se montó un operativo policial que terminó con la interceptación de un Peugeot 208 en el que viajaban cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del máximo dirigente de Rosario Central.
Durante la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 largo y dispusieron la detención inmediata de todos los ocupantes. La situación parecía encaminarse a una imputación múltiple, pero horas más tarde la fiscal Almada resolvió liberar a los cuatro y acusar solo a uno de ellos por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, decisión que fue observada por otros funcionarios del MPA.
Cuestionamientos internos y cambio de fiscal
Según trascendió en ámbitos judiciales, no solo generó ruido la liberación de todos los jóvenes menos uno, sino también la identidad de otro de los involucrados: Fausto Carbajo, señalado en expedientes previos por su presunta participación en una organización dedicada a las apuestas online clandestinas y vinculado a intimidaciones sufridas por el futbolista Jonatan Gómez, exjugador de la liga argentina.
Frente a las dudas sobre la proporcionalidad de la medida y la posible influencia de los antecedentes de algunos implicados, las autoridades del Ministerio Público decidieron retirar el legajo de la órbita de Almada y reasignarlo al fiscal Fernando Dalmau, quien continuará con la investigación. En paralelo, la AGG intervendrá para evaluar si la actuación de la procuradora se ajustó a los protocolos y a la normativa vigente.
- La detención se produjo tras un llamado que denunció una amenaza armada.
- En el auto se incautó un revólver calibre .22 largo.
- Todos los ocupantes fueron liberados horas después por decisión fiscal.
- Uno de los implicados está ligado a causas por apuestas clandestinas.
- El caso pasó ahora al fiscal Fernando Dalmau y será auditado.
La Auditoría General de Gestión analizará si la decisión de liberar a los jóvenes y limitar la imputación a una sola persona se tomó en línea con los criterios de actuación fijados para casos que involucran armas de fuego.
La intervención de la AGG no implica, por sí sola, la existencia de irregularidades, pero sí marca la preocupación institucional por la transparencia y la coherencia en las decisiones de alto impacto público, sobre todo cuando involucran a figuras ligadas al mundo del fútbol y a causas sensibles como las apuestas ilegales y las amenazas.
