Los delitos cometidos desde el interior de las cárceles aumentan de manera alarmante. El uso de celulares, autorizado en tiempos de pandemia, no tenía fecha de caducidad. Hoy son usados para coordinar extorsiones, tráfico de drogas y hasta para el manejo de bandas criminales. Desde la Fiscalía General de San Nicolás en 2022, a través de un informe, ya habían advertido su preocupación ante el fenómeno creciente.
De la redacción de EL NORTE
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Las estadísticas ofrecen una realidad preocupante, indican un aumento en los delitos vinculados a la criminalidad orquestadas desde las cárceles. Los celulares permiten a los internos coordinar actividades delictivas, como extorsiones, tráfico de drogas y hasta el manejo de bandas criminales. Una situación que pone en riesgo la seguridad de la población. Esta problemática creciente ya había sido advertida por el Ministerio Publico del Departamento San Nicolás cuando en 2022 elaboraron un informe dirigido a las autoridades de la Provincia tanto ejecutivas, legislativas como a casación. La advertencia no tuvo los resultados esperados.
En ese mismo año, además del enorme incremento en los casos de estafa, se conoció uno de los primeros hechos delictivos graves originado en una cárcel. Fue un caso de “sextorsión” orquestado desde la UP3. El caso emblemático fue el de Juan Carlos Woldryk en Bolívar, quien fue víctima de esta acusación y extorsión. Tras el “apriete” desapareció sin dejar rastro, y su paradero sigue siendo un misterio.
En diciembre pasado, otro hecho similar tuvo trágicas consecuencias: un granadero se suicidó en la Quinta Presidencial de Olivos tras ser acusado y extorsionado por supuestos contactos con una menor. Este hombre, agobiado por la presión, realizó varios pagos solicitados para “frenar la investigación”, pero la extorsión continuó. Endeudado y sin salida, tomó la decisión de quitarse la vida.
Actualmente los presos alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense tienen alrededor de 50 mil dispositivos celulares registrados que pueden usar libremente, sus conversaciones no pueden ser monitoreadas a menos que haya orden judicial específica. A eso se suman los aparatos que entran a las unidades de contrabando (a través de familiares o guardias). Esto se replica en todas las cárceles del país.
Un presente que interpela
Esos casos, sumados a otra gran cantidad de delitos coordinados desde “adentro” han reavivado el debate sobre la autorización del uso de celulares por internos de establecimientos carcelarios. Consultada al respecto por EL NORTE, la Fiscal General Sandra Bicetti manifestó su preocupación por esta problemática y se pronunció en favor de prohibir su uso dentro de las penitenciarías: “Desde la pandemia, en que se autorizó el uso, detectamos que había determinado tipo de delitos que provenían desde las cárceles. Ante la proliferación de casos graves ya en 2022 le pedí al Dr. Julio Pérez Carreto, titular de la Secretaria de Ciberdelito y evidencia digital, que recopilara datos y elaborara un informe que en su oportunidad enviamos a las autoridades de los distintos poderes de la Provincia. Hoy la situación está muchísimo peor, los hechos fueron multiplicándose año tras año, pero nadie quiere tomar la decisión política de eliminar los celulares dentro de la cárcel, en parte por temor a los motines. Tampoco se cumplen con los protocolos de control”, aseguró Sandra Bicetti. “Una vez que fueron restablecidas las visitas presenciales, no tiene sentido que sigan teniendo celulares. Debe eliminarse su uso en las unidades penales y asegurar el derecho de comunicación con teléfonos del servicio penitenciario. Sin acceso a redes sociales”, concluyó la Fiscal General Sandra Bicetti.
Por su parte, ante la misma requisitoria, el Secretario Julio Pérez Carretto se expresó en igual sentido: “Dentro de los delitos que detectamos y volcamos en el informe están las amenazas agravadas por su anonimato, estafas con tarjetas de crédito y débito, utilización de datos, fraude con modalidad Marketplace y violencia de género, entre otras”, detalló. “Si bien Casación autorizó el uso, también pidió la confección de un protocolo que redactó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ese protocolo especificaba que los detenidos no podían tener redes sociales a excepción de Whatsapp. Su problemática es que debían revisarse a diario y en las prácticas no se lograba hacer un control de manera efectiva”, explicó. “Tampoco se estableció una restricción de tiempo, se usa de manera indiscriminada. Durante las 24 horas los internos tienen acceso a una internet que tiene dos características especiales que la vuelven potencialmente peligrosa para ejecutar conductas delictivas: el anonimato y la virtualidad (es decir la posibilidad de tener acceso al exterior)”, manifestó el funcionario.
Restricciones
Pérez Carretto explicó además que “está bien que los internos tengan derecho a comunicarse con sus familias, pero si el derecho a la comunicación se realiza indiscriminadamente, la falta de control va en desmedro de las víctimas, que en una escala de valores deberían tenerlos de forma más amplia. Es decir que violentan los derechos de la sociedad y ésta no tiene que sufrir por una falencia del Estado. Porque más allá de los proyectos, hay cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas que deben ser equitativas. No se trata de quitarle a los detenidos la posibilidad de comunicación con sus familias, que reduce la conflictividad, es una forma de contención y de reinserción social, sino de controlarlas debidamente”, manifestó.
Entre las posibles soluciones el funcionario señaló “poner teléfonos de línea, aparatos modernos que permitan videollamadas, en un lugar especial con horarios determinados, con llamadas que, aunque puedan ser reanudadas, se corten automáticamente en periodos cortos para evitar estafas. Podrían usarse por ejemplo inhibidores para impedir el ingreso clandestino de aparatos. En conclusión, los presos no pueden seguir teniendo celulares de manera indiscriminada, hay una solución técnica, la decisión es meramente política y no tanto de recursos. Si nuestro informe hubiese sido tomado en cuenta en su momento se hubieran podido evitar no solo daños patrimoniales, coacciones, estafas y extorsiones sino también muertes, porque hubieron victimas que terminaron suicidándose”, explicó. “Recordemos que los detenidos tienen su libertad restringida, por eso el uso tendría que ser acorde y proporcional a esa regla”, concluyó Julio Pérez Carretto.
