Funcionario mendocino dejó su cargo tras dar 2,26 de alcohol en sangre

NewsITe
Un escándalo sacude a la política mendocina luego de que Diego Silvestre, funcionario del gobierno provincial en la ciudad de San Rafael, presentara su renuncia tras haberse confirmado que dio positivo en un control de alcoholemia con un nivel muy por encima del permitido.
El episodio ocurrió el último domingo en inmediaciones de San Rafael, al sur de la provincia. Silvestre, abogado y referente del radicalismo local, circulaba en una camioneta Fiat Strada cuando fue detenido en un operativo de tránsito. Según confirmaron fuentes del Ejecutivo provincial, el test arrojó 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el máximo autorizado en Mendoza, fijado en 0,5 g/l.
Además del altísimo nivel de alcohol, los agentes constataron que el entonces funcionario no contaba con la documentación obligatoria para conducir: no tenía licencia de conducir, ni cédula identificatoria del vehículo, ni comprobante de seguro vigente. Como consecuencia, fue demorado en el lugar y se le secuestró la camioneta.
Renuncia a dos cargos en medio de la polémica
Silvestre, de 41 años, se desempeñaba como coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, un organismo vinculado a la atención y abordaje de situaciones de vulneración de derechos. Paralelamente, había sido designado recientemente como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.
Su incorporación a ese cuerpo colegiado se había oficializado apenas unos días antes del incidente, a través de un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo. Sin embargo, tras la difusión del resultado del control de alcoholemia, el abogado presentó su dimisión tanto a su cargo en el ETI como a su flamante puesto en el ámbito minero.
Trayectoria profesional y repercusiones políticas
Con una extensa actividad dentro del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial, Silvestre había ganado visibilidad en los últimos años en el ámbito institucional y partidario. En diciembre pasado fue candidato suplente a concejal de San Rafael por la Unión Cívica Radical (UCR), fuerza que integra la alianza gobernante en Mendoza.
Si bien desde el gobierno provincial evitaron declaraciones públicas de alto perfil, en los pasillos de la Casa de Gobierno se remarca que la rápida renuncia buscó contener el impacto político del caso en un contexto de creciente exigencia social respecto de la seguridad vial y la responsabilidad de los funcionarios.
- El test marcó 2,26 g/l, muy por encima del límite permitido de 0,5 g/l en Mendoza.
- No contaba con registro, cédula del vehículo ni seguro al momento del control.
- Renunció como coordinador del ETI de San Rafael y como representante en el Consejo de Minería.
- Es abogado, ligado al radicalismo, y fue candidato suplente a concejal en 2023.
El caso reaviva el debate sobre los controles de alcoholemia y la conducta que se espera de quienes ejercen funciones públicas, en una provincia que en los últimos años endureció su política de seguridad vial.
Mientras avanzan las actuaciones administrativas y contravencionales por la infracción de tránsito, el episodio vuelve a colocar bajo la lupa la responsabilidad de los dirigentes en el cumplimiento de normas básicas de convivencia y seguridad, en un tema tan sensible como el consumo de alcohol al volante.

