El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con la mayoría de las empresas para extender el programa Precios Justos, que mantiene virtualmente congelados a 52.300 productos de consumo masivo, hasta fin de año, con subas del 5% mensual.
Más allá de los entendimientos previos, en esta oportunidad el Ejecutivo reforzó el pedido de garantizar el abastecimiento de productos y evitar un escenario como el que sucedió con los combustibles a menos de un mes del ballotage.
Si bien el aumento acordado del 5% es muy por debajo de la inflación acumulada desde agosto, en las compañías reconocen que de ganar Sergio Massa tendrán nuevas reuniones tras el 19 de noviembre, fecha de la segunda vuelta. En tanto, si se impone Javier Milei es probable que el programa deje de existir ya que el libertario se mostró siempre en contra de la intervención del Estado.
En principio, hay 254 empresas renovaron su participación en Precios Justos, 97 están aún en evaluación y 9 no renovaron, según informaron fuentes de la Secretaría de Comercio.
En cuanto a los rubros, los acuerdos contemplan productos de consumo masivo, indumentaria, calzado, insumos de línea blanca, electrodomésticos, materiales de construcción, motos y celulares, entre otros.
Paralelamente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó hasta el 31 de diciembre los beneficios fiscales para las empresas que forman parte de los acuerdos de precios, entre los que se destacan la suspensión del pago del impuesto PAIS a determinadas importaciones y de los aranceles en el caso de la exportación de un conjunto de mercaderías.
La extensión del beneficio se formalizó a través de la Resolución General 5440/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, a través de la modificación de parte de la RG 5414 del 1° de septiembre.
Asimismo, mediante la Resolución General 5441/2023, la AFIP extendió hasta el 30 de noviembre la exclusión de determinadas operaciones de importación informadas por la Secretaría de Energía de los regímenes de percepción del IVA y del impuesto a las Ganancias, a solicitud de la repartición dependiente del Ministerio de Economía.
En el primer caso, los beneficios habían sido anunciados en agosto por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y establecidos el 25 de ese mes por del decreto 433.
Las empresas que adhirieron tuvieron una serie de beneficios fiscales -que ahora se prorrogan por 60 días- además de un esquema de créditos a tasas subsidiadas para las pymes proveedoras de los supermercados, con el objetivo de garantizar el sendero de aumentos para los productos incluidos.
Entre ellos, se suspendió el pago de cargas a la compra de divisas en moneda extranjera para la importación de mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias del Mercosur para una serie de bienes y servicios, entre los que se excluyeron aquellas posiciones arancelarias que correspondan a bienes suntuarios. Además, los suscriptores del acuerdo pasaron a gozar de una reducción al 0% de la alícuota de retenciones para la exportación de mercaderías.