Alta custodia para un detenido considerado de extrema peligrosidad
NewsITe
La Prefectura Naval Argentina reforzó de manera extraordinaria la seguridad en la Delegación Ituzaingó, en Corrientes, donde permanece alojado un ciudadano venezolano de 35 años, identificado por sus iniciales JFPV, sospechado de integrar la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua. La medida se adoptó tras considerarlo un detenido de alta peligrosidad y activar todos los protocolos previstos para este tipo de casos.
El hombre fue capturado el 20 de diciembre pasado en el puerto de Ituzaingó, cuando intentaba salir del país por vía fluvial hacia Paraguay, sin documentación válida y tras haber ingresado a la Argentina por un paso clandestino en la provincia de Salta. Desde entonces, permanece bajo prisión preventiva ordenada por el juez federal de Garantías, Gustavo Fresneda, medida que rige hasta el 26 de febrero, en paralelo al trámite de expulsión dispuesto por la Dirección Nacional de Migraciones.
Fuentes judiciales detallaron que el imputado presenta múltiples tatuajes vinculados al Tren de Aragua —armas, calaveras y símbolos deportivos—, además de alrededor de 20 cicatrices compatibles con heridas de arma blanca y una bala alojada en el abdomen desde hace varios años. Quienes estuvieron cara a cara con él lo describen como una figura intimidante. Frente al juez, llegó nervioso, dijo desconocer los motivos de su detención e intentó cuestionar el contacto con su defensora pública, aunque finalmente se negó a declarar.
Antecedentes en el exterior y vínculos con el Tren de Aragua
De acuerdo con registros del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigations, HSI), JFPV fue expulsado de ese país el 25 de enero de 2025 por haber ingresado de manera ilegal y por portar tatuajes compatibles con los que identifican a miembros del Tren de Aragua. Previamente, el 16 de junio de 2024, había sido detenido por carecer de documentación que autorizara su permanencia, oportunidad en la que se le secuestró un arma blanca.
En esa ocasión, el venezolano aseguró que había entrado a Estados Unidos por la frontera con México y que residía en Canadá junto a su pareja. Sin embargo, informes posteriores indicaron que sobre él pesaba un pedido de arresto emitido por autoridades judiciales del municipio de Peel, en Ontario, por causas vinculadas a lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas. Para justificar sus cicatrices, dijo pertenecer al Ejército venezolano.
Otros reportes incorporados al expediente argentino señalan que el hombre integraría el Tren de Aragua, organización criminal incluida en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) en la Argentina. A la banda se la relaciona con delitos graves, división de roles y una alta capacidad operativa en distintos países de la región.
Ingreso irregular al país y coordinación institucional
Al ser detenido por Prefectura, el sospechoso afirmó haber llegado a la Argentina en 2017, tras salir de Venezuela de forma ilegal y recorrer, siempre de manera irregular, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia. Dijo haber ingresado a territorio nacional por un paso no habilitado en Salta, sin realizar ningún trámite migratorio, y exhibió un «certificado de extravío» de documentación emitido por la Policía de Corrientes el 19 de diciembre de 2025.
Según su propio relato, antes de arribar al puerto de Ituzaingó —desde donde pretendía cruzar por el río Paraná hacia Paraguay— habría permanecido en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, donde denunció el robo de sus pertenencias. Sin embargo, los investigadores tomaron sus dichos con cautela y se abocaron a reconstruir su verdadero recorrido y antecedentes.
En el marco del caso, la Unidad Fiscal Federal de Corrientes, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones trabajaron de forma coordinada. Se consultaron bases de datos de Migraciones, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), Interpol, la Policía Federal Argentina y otros organismos. Ante la escasez de datos iniciales, se recurrió además a consultas directas ante el Consulado de Venezuela y autoridades estadounidenses.
La Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión del país y le prohibió el reingreso a la Argentina, al considerarlo un riesgo para la seguridad pública, decisión que la defensa puede impugnar en un plazo de 15 días hábiles.
Mientras avanza la investigación sobre su eventual rol dentro del Tren de Aragua y se dirime la apelación a la expulsión, JFPV permanecerá detenido bajo estricta custodia en la Prefectura de Ituzaingó, en un caso que vuelve a encender las alarmas sobre el alcance regional de las organizaciones criminales transnacionales.
