El oficialismo reactiva el debate por la responsabilidad penal juvenil
NewsITe
El proyecto de reforma del régimen penal juvenil volvió a la agenda del Congreso con la presentación formal del texto en la Cámara de Diputados, donde comenzará a ser discutido esta semana. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, apunta a actualizar la legislación que regula la responsabilidad penal de adolescentes, un tema que genera debate político, jurídico y social desde hace años en la Argentina.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, el expediente ingresó este lunes a la Cámara baja y su tratamiento fue incluido de manera acelerada en el cronograma de trabajo. El plenario de comisiones lo abordará el miércoles y, si se cumplen los tiempos previstos por el oficialismo, el proyecto llegará al recinto el jueves para una primera votación. El Gobierno busca exhibir una señal de avance en materia de seguridad y de modernización del sistema penal.
El texto que comenzó a circular entre los bloques reproduce, en líneas generales, el proyecto que ya había obtenido dictamen en 2025, pero incorpora una modificación considerada central por las provincias: el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y los distritos para garantizar el financiamiento de la reforma. Ese punto había sido uno de los principales obstáculos para avanzar en el debate anterior.
Claves del nuevo envío al Congreso
La inclusión de un esquema de compensación financiera apunta a cubrir los costos de infraestructura, capacitación y adecuación institucional que implicará la implementación del nuevo régimen penal juvenil. Entre otros aspectos, se prevé la necesidad de fortalecer juzgados especializados, equipos técnicos interdisciplinarios y dispositivos de alojamiento y seguimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
En el oficialismo sostienen que la actualización normativa es impostergable frente a un régimen vigente que fue diseñado hace varias décadas y que ya no responde a los estándares internacionales de derechos humanos ni a la realidad social actual. Por eso, remarcan la importancia de fijar reglas claras sobre edades de responsabilidad, tipos de sanciones y medidas alternativas a la privación de libertad.
Debate político y próximos pasos
En paralelo, el proyecto volvió a poner en discusión uno de los puntos más sensibles del debate: la edad de imputabilidad. El texto enviado por el Poder Ejecutivo es el mismo que había sido remitido el año pasado y establece una baja de 16 a 13 años. No obstante, ese umbral aparece como poco viable en términos parlamentarios. Desde los bloques de la oposición dialoguista, como el PRO y la UCR, adelantaron que el consenso se encamina a fijar la edad mínima en 14 años, por lo que se espera que el dictamen que se emita el próximo miércoles introduzca esa modificación al texto original.
La discusión promete exponer diferencias entre los bloques sobre el alcance de las penas, la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente y el equilibrio entre las políticas de seguridad y la protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes. Distintas organizaciones de la sociedad civil siguen de cerca el debate y reclaman que cualquier reforma se encuadre en la Convención sobre los Derechos del Niño.
- El proyecto será analizado en comisiones el miércoles.
- El oficialismo buscará su aprobación en el recinto el jueves.
- El texto retoma el dictamen de 2025 con ajustes en el financiamiento.
La inclusión de un mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias busca destrabar resistencias y asegurar recursos para aplicar la reforma en todo el país.
Con el proyecto ya en manos de los diputados, el foco estará puesto en la negociación política para definir eventuales cambios al texto original y en la capacidad del oficialismo para reunir los votos necesarios. Se espera que, una vez superada la instancia en la Cámara baja, el debate continúe en el Senado, donde también hay antecedentes de intentos de reforma que no lograron sanción definitiva.
