Un sindicalista afirmó que la reforma laboral busca ir hacia una Argentina “pre-peronista”

El titular del STIA cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso y afirmó que la iniciativa implica un retroceso en derechos adquiridos desde 1945. También advirtió que los trabajadores recurrirán a la Justicia.

reforma laboral

Sergio Escalante, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y secretario de Interior de la CGT, criticó hoy la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Señaló que la iniciativa busca regresar a una etapa anterior al peronismo y la calificó de “inconstitucional”. El dirigente realizó estas declaraciones en Splendid AM 990, donde vinculó el proyecto con la pérdida de derechos históricos del movimiento obrero.

Escalante expresó: “Quieren volver a una etapa pre peronista, a un país primarizado, extractivista y ahora con la novedad de incentivar la especulación financiera, el carry trade, todas cuestiones que los laburantes no conocen ni les hacen bien”. Indicó además que la reforma ya ingresó al Senado para su tratamiento legislativo.

Señalamientos sobre la constitucionalidad

El dirigente afirmó que la iniciativa oficial generará mayor litigiosidad. Sostuvo: “Dicen que hay una industria de juicio, pero esto lo que va a hacer es agrandar esta cuestión porque es inconstitucional, todo el mundo va a terminar apelando esas situaciones”.

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Agregó que “la justicia va a ser una de las herramientas que va a usar el trabajador para defenderse contra esta arbitrariedad, esta cosa injusta que quiere imponer este Gobierno”. Con ello, planteó que el debate se trasladará con fuerza al ámbito judicial.

La posición de la CGT ante el avance del proyecto

Escalante evitó pronunciarse sobre eventuales medidas de fuerza de la central obrera, aunque aclaró que, de concretarse, “si hay que articular algo va a ser algo general, coordinado en todo el país”. Por último, sostuvo que la CGT se opondrá “en todos los planos posibles” a lo que definió como un “avasallamiento de derechos colectivos y de degradación del tejido social”.

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