El Senado trata la reforma laboral impulsada por el Gobierno
NewsITe
El Senado se dispone a votar esta noche el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional, con el acompañamiento de La Libertad Avanza y sectores dialoguistas de la oposición. La iniciativa introduce cambios profundos en el régimen de indemnizaciones, la negociación colectiva, las horas extras, el pago de salarios y los incentivos para la creación de empleo registrado.
El texto, que forma parte del paquete de reformas económicas y laborales del oficialismo, busca modificar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo y de los convenios colectivos. Entre los objetivos declarados se encuentran la reducción de costos laborales para las empresas, la flexibilización de la organización del trabajo y el fomento de nuevas contrataciones, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Convenios por empresa y cambios sindicales
Uno de los ejes centrales es la habilitación de convenios colectivos por empresa, que no podrán ser modificados por acuerdos de ámbito superior. Al vencimiento de un convenio, las partes tendrán un plazo de un año para negociar las nuevas condiciones. El proyecto también prevé que las asambleas gremiales requieran autorización previa de la empresa para su realización dentro del ámbito laboral.
En materia sindical, se mantienen los aportes obligatorios y voluntarios a los gremios, pero se fija un tope del 2% sobre la remuneración. En cuanto a las obras sociales, se sostiene el aporte empresarial del 6%, dejando sin efecto la intención inicial del Gobierno de reducirlo al 5%.
Indemnizaciones, despidos y Justicia laboral
El esquema de indemnizaciones por despido sin causa se modifica al establecer un tope de un salario promedio del convenio por cada año trabajado, excluyendo bonos, premios y otros conceptos variables no mensuales. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones de empresas que no puedan afrontarlas. Este fondo se financiará con un porcentaje de las contribuciones que hoy van a la ANSES y con un aporte adicional de las grandes compañías.
El proyecto limita la posibilidad de la Justicia laboral de actualizar créditos laborales, fijando que no podrán superar la inflación más un 3% anual. También se prevé el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un reclamo histórico del gobierno porteño.
En cuanto a la forma de pago de las indemnizaciones, las pymes podrán abonarlas en hasta 18 cuotas, mientras que las grandes empresas tendrán un máximo de 12 cuotas, lo que introduce una mayor flexibilidad en la salida de trabajadores.
Banco de horas, vacaciones y certificaciones médicas
En relación con la jornada laboral, se introduce la figura del banco de horas. Este mecanismo permite compensar horas extras con francos u otros sistemas, siempre que se respeten los descansos mínimos previstos por la ley. La intención oficial es reducir el pago de horas extras tradicionales y facilitar la organización del tiempo de trabajo según la demanda productiva.
El proyecto también amplía la ventana para otorgar vacaciones: podrán tomarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con la posibilidad de fraccionarlas, siempre que uno de los períodos no sea menor a siete días corridos. En materia de licencias médicas, se fijan requisitos formales para la validez de los certificados y se establece que, ante discrepancias entre el médico de la empresa y el del trabajador, se podrá convocar a una junta médica.
Nuevos empleos, bancos y plataformas digitales
Para estimular la generación de empleo, la iniciativa contempla incentivos a empresas que incorporen nuevo personal, a través de reducciones en las contribuciones patronales. Además, se crea un Régimen de Inversiones para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (RIMI), que ofrecerá beneficios fiscales en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA para nuevos proyectos productivos.
El pago de salarios quedará exclusivamente en manos de las entidades bancarias, descartando la posibilidad de que billeteras virtuales o proveedores de servicios de pago cumplan ese rol. En paralelo, se establece un régimen específico para servicios de movilidad y reparto mediante plataformas tecnológicas: los repartidores serán considerados “prestadores independientes”, sin relación de dependencia, aunque las empresas deberán contratar seguros contra accidentes y brindar capacitación en seguridad vial.
Cambios impositivos y debate político
En el plano tributario, el proyecto prevé la derogación de impuestos internos sobre embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y otros bienes específicos. A la vez, fija obligaciones adicionales para las empresas vinculadas a la seguridad y la transparencia operativa.
La votación en el Senado se da en un contexto de fuerte discusión política y sindical, con críticas de sectores que advierten un retroceso en derechos laborales y apoyo de cámaras empresarias que valoran la reducción de costos y la previsibilidad normativa. De aprobarse, la reforma implicará uno de los cambios más significativos en la legislación laboral argentina de las últimas décadas.
