El dictamen del Ministerio Público Fiscal consideró que el planteo de la CGT corresponde al ámbito laboral y rechazó el traslado al fuero contencioso administrativo impulsado por el Gobierno.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral debe seguir su trámite en la Justicia Nacional del Trabajo. De este modo, se opuso a la intención del Gobierno nacional de que el expediente pase al fuero Contencioso Administrativo Federal.
La posición fue fijada por el fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, en el marco de la disputa de competencia generada tras la sanción de la Ley 27.802. En ese expediente, la CGT cuestiona la constitucionalidad de más de 80 artículos vinculados a cambios en el régimen laboral.
La disputa judicial por la competencia
El conflicto se abrió entre el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12. Este juzgado reclamó intervenir en la causa a partir de las modificaciones introducidas por la nueva normativa.
El dictamen fiscal descartó ese planteo. Indicó que, pese a que el Estado nacional es parte demandada, la naturaleza del caso remite al derecho laboral. En ese sentido, señaló que tanto los aspectos individuales como colectivos involucrados deben ser analizados bajo los principios propios de esa materia.
El alcance de la reforma y su aplicación
En su análisis, el fiscal también abordó la modificación del artículo 20 de la Ley 18.345, que asigna al fuero contencioso administrativo las causas laborales contra el Estado. Señaló que ese cambio aún no tiene aplicación efectiva en la Ciudad de Buenos Aires.
La vigencia de esa modificación quedó condicionada a la implementación de un acuerdo de transferencia de competencias entre el Estado nacional y el gobierno porteño, proceso que todavía no se concretó. Por ese motivo, consideró que ese punto no resulta decisivo para resolver la competencia en este expediente.
La decisión pendiente de la Cámara
En instancias previas, el juez laboral rechazó el pedido del Estado para apartar al fuero del trabajo. En tanto, la jueza contencioso-administrativa sostuvo la postura contraria y avaló la posibilidad de que el caso pase a su jurisdicción.
La resolución final ahora depende de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Lo que se defina no solo impactará en esta causa —donde ya se dictaron medidas cautelares sobre los artículos cuestionados—: también podría establecer un antecedente para futuras controversias vinculadas a la aplicación de la reforma laboral.
