El proyecto enviado al Senado habilita que las provincias vuelvan a votar junto con la Nación y propone eliminar las PASO, introducir la Ficha Limpia y modificar el financiamiento de la política
El Gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto de reforma electoral que habilita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a volver a realizar elecciones en simultáneo con los comicios nacionales. La iniciativa apunta a resolver los inconvenientes surgidos tras la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), vigente desde 2024, que había impedido la adhesión de categorías provinciales al mismo instrumento de votación.
Según informó el medio 0223, uno de los artículos centrales del proyecto autoriza que las categorías electivas provinciales y porteñas puedan integrarse a la BUP nacional. De este modo, el oficialismo busca revertir el esquema de desdoblamiento electoral que se produjo en la provincia de Buenos Aires durante el último turno electoral, el primero desde el regreso de la democracia.
En ese contexto, el gobernador Axel Kicillof había decidido adelantar para el 7 de septiembre las elecciones provinciales —donde se definieron legisladores, concejales y consejeros escolares— mientras que los comicios nacionales se realizaron el 26 de octubre. La separación respondió, en parte, a que el nuevo sistema de boleta no permitía incluir en un mismo tramo candidatos nacionales, provinciales y municipales, como sí ocurría con la boleta partidaria tradicional.
De aprobarse la reforma, el escenario electoral de 2027 podría volver a unificarse. En esa instancia se elegirán no solo cargos legislativos nacionales, sino también gobernadores en las 23 provincias, el jefe de Gobierno porteño y autoridades municipales en distintos distritos, lo que implicaría una reorganización del calendario electoral en todo el país.
En términos técnicos, el artículo 72 del proyecto modifica la Ley 15.262 y establece que las provincias y CABA deberán comunicar al Poder Ejecutivo Nacional, con una antelación mínima de 90 días, su decisión de adherir al régimen de simultaneidad. Por su parte, el artículo 73 dispone que, en caso de elecciones concurrentes, la Boleta Única de Papel incluirá todas las categorías: nacionales, provinciales y, cuando corresponda, municipales.
Además, el texto incorpora un casillero para votar la lista completa de un partido o alianza, una opción que no existe en el sistema actual. Este punto busca simplificar la experiencia del votante y recuperar una lógica similar a la que ofrecía la boleta partidaria tradicional.
Eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento político
El proyecto impulsado por la administración de Javier Milei no se limita a la organización electoral, sino que plantea una reconfiguración más amplia del sistema político argentino. Entre las modificaciones más relevantes, se propone la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que implicaría que cada partido o alianza deba definir sus candidaturas a través de mecanismos internos.
De acuerdo a lo consignado por 0223, esta medida busca reducir costos y trasladar la responsabilidad de la selección de candidatos a las estructuras partidarias, eliminando la intervención del Estado en ese proceso. En paralelo, la iniciativa introduce cambios en el esquema de financiamiento político, con mayores controles sobre los aportes, pero también con la eliminación de restricciones al financiamiento privado.
El proyecto contempla, además, la eliminación del financiamiento público de las campañas electorales, lo que representa un cambio significativo respecto del sistema vigente. Esta decisión podría modificar el equilibrio entre las distintas fuerzas políticas, especialmente en función de su capacidad de acceso a recursos privados.
Otro de los ejes centrales es la incorporación del criterio de “Ficha Limpia”. La propuesta establece que no podrán competir en elecciones aquellas personas que tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos. Este punto apunta a limitar la participación de dirigentes con antecedentes judiciales y se inscribe en un debate más amplio sobre transparencia y calidad institucional.
Finalmente, la iniciativa incluye modificaciones en los requisitos para la creación y el mantenimiento de los partidos políticos, lo que podría impactar en la estructura del sistema partidario. En conjunto, el proyecto propone una transformación integral de las reglas electorales y abre un escenario de discusión política que deberá resolverse en el Congreso.
