El ajuste cultural en Colombia y el espejo argentino
NewsITe
El fuerte ajuste anunciado por el gobierno de Colombia sobre el sector cultural desató una ola de protestas en Bogotá y encendió las alarmas en toda la región. La situación remite, con diferencias políticas y económicas, a la experiencia reciente de la Argentina bajo la administración de Javier Milei, donde el recorte del gasto público impactó de lleno en la producción artística y en los organismos de fomento.
Artistas, estudiantes y trabajadores de la cultura se concentraron frente al Ministerio de las Culturas colombiano para rechazar la reducción de partidas, las demoras en los pagos y la suspensión de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. Con consignas como “La cultura no se vende” y “La cultura no es una opción, es una necesidad”, las organizaciones pusieron en el centro del debate el rol del financiamiento estatal en el desarrollo de las artes.
El proyecto de presupuesto para 2027 prevé para el Ministerio de las Culturas 706.196 millones de pesos colombianos, muy por debajo de los 1,001 billones aprobados para 2026. La poda se estima en torno al 29,5% y también alcanzaría al Archivo General de la Nación y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, dos organismos clave para la preservación de la memoria y el patrimonio histórico.
Uno de los puntos más sensibles es la suspensión, por primera vez en 27 años, de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos: 1.308 propuestas quedaron sin ser evaluadas. El Gobierno alegó que enfrenta una deuda de 185.000 millones de pesos colombianos heredada de la gestión de Gustavo Petro y anunció un desembolso inicial de 40.000 millones para comenzar a regularizar los pagos, aunque el conflicto permanece abierto.
El caso argentino como referencia regional
El debate colombiano se enlaza inevitablemente con la discusión que atraviesa la Argentina desde 2024, cuando la política de ajuste fiscal impulsada por Javier Milei afectó a buena parte del entramado cultural sostenido por el Estado. Organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional del Teatro fueron reestructurados, con recortes en los fondos de fomento y cambios en su autonomía administrativa.
En el caso del cine, productores, realizadores y entidades del sector señalan una caída de la actividad y advierten sobre la dificultad para financiar nuevas películas y coproducciones internacionales. El teatro independiente, por su parte, cuestiona la eliminación de la autarquía del Instituto Nacional del Teatro en 2025, transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Cultura, lo que reduce su margen de acción y lo vuelve más vulnerable a los cambios presupuestarios.
La controversia llegó incluso a los principales festivales internacionales. En San Sebastián, la directora y actriz Dolores Fonzi calificó como “pésima” la situación de la cultura argentina y criticó el desmantelamiento de mecanismos públicos que históricamente permitieron sostener producciones nacionales y acuerdos con otros países. Esas declaraciones reavivaron el debate sobre el impacto del ajuste en la proyección externa del cine argentino.
Una tensión compartida en torno al rol del Estado
Aunque Colombia y Argentina recorrieron caminos políticos distintos y cuentan con sistemas de financiamiento no equivalentes, las protestas de las últimas semanas exponen una misma tensión: qué lugar debe ocupar el Estado en el sostenimiento de la vida cultural. Para los sectores movilizados, recortar abruptamente los fondos públicos pone en riesgo películas, obras teatrales, libros, archivos y proyectos que dependen de las políticas de fomento.
Los gobiernos, en cambio, justifican las reformas como parte de la necesidad de reducir el déficit fiscal, reorganizar estructuras y eliminar lo que consideran organismos ineficientes. En ese cruce de argumentos, el debate trasciende la mera discusión sobre números y se instala en un terreno más amplio: el de la preservación de la diversidad cultural, el acceso a la producción artística y la memoria colectiva.
Cuando el ajuste llega a la cultura, la discusión deja de ser sólo cuánto gasta el Estado y pasa a ser qué país se construye sin políticas que acompañen a sus artistas y trabajadores culturales.
Mientras Colombia intenta contener el conflicto con anuncios parciales y la Argentina continúa redefiniendo su esquema cultural estatal, la región observa de cerca. El desenlace de estas disputas marcará, en buena medida, el futuro del vínculo entre política, economía y producción simbólica en América Latina.
