Buscan a un prófugo por lavado de activos agravado
NewsITe
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, lanzó una convocatoria pública para obtener información que permita dar con el paradero de Maximiliano Ariel Liquitay, un hombre acusado de lavado de activos agravado que se encuentra prófugo desde hace dos años y sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 87/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se dispone la oferta de una recompensa de 5 millones de pesos a quienes aporten datos certeros, útiles y comprobables que contribuyan a localizar y detener al sospechoso. La causa está en la órbita de la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA (PROCUNAR), a cargo del fiscal Diego Iglesias.
De acuerdo con la información oficial, el 19 de diciembre de 2025 la PROCUNAR solicitó al Ministerio de Seguridad la implementación del sistema de recompensas, previsto por la normativa vigente, para incentivar la colaboración ciudadana en investigaciones de especial complejidad, vinculadas en este caso al presunto lavado de activos provenientes del delito organizado.
Liquitay está investigado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, una figura que contempla penas más severas por la magnitud de las operaciones o por la posible conexión con organizaciones criminales. Por tal motivo, el 12 de enero de 2024 se libró una orden de captura tanto a nivel nacional como internacional, que hasta el momento no logró ser ejecutada.
Detalles de la búsqueda y cómo aportar información
Las autoridades precisaron que el último domicilio conocido del acusado se ubica en avenida Colón 737, barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, no se descarta que haya cambiado de residencia, por lo que la búsqueda se extendió a todo el territorio nacional y se notificó a fuerzas de seguridad y organismos internacionales de cooperación policial.
El ofrecimiento de recompensa se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas, herramienta que el Estado utiliza para obtener información clave en causas de alto impacto social, especialmente vinculadas al narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos. Estos datos deben ser suministrados de manera confidencial y son evaluados por las autoridades judiciales y del Ministerio de Seguridad antes de efectivizar cualquier pago.
- La recompensa ofrecida asciende a $5.000.000.
- Está destinada a personas que no hayan participado en los hechos investigados.
- La información debe permitir la detención efectiva del prófugo.
- El último domicilio registrado del buscado está en barrio Alberdi, Córdoba.
“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas”, indicaron desde el Ministerio de Seguridad, al tiempo que recordaron que la identidad de los informantes se mantiene en estricta reserva.
Con este llamado, el Gobierno refuerza la estrategia de cooperación entre Estado y ciudadanía para avanzar en causas complejas de criminalidad económica y narcocriminalidad. La expectativa oficial es que, a partir de la difusión de la recompensa, se generen nuevos aportes que permitan ubicar a Liquitay y ponerlo a disposición de la Justicia para que responda por las acusaciones de lavado de activos agravado que pesan en su contra.
