Familiares de policías bonaerenses reclaman mejoras salariales
NewsITe
La protesta policial que tuvo a Santa Fe como epicentro comenzó a repercutir en distintas provincias. Este viernes, familiares de efectivos de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires se concentraron frente a la Gobernación, en La Plata, para exigir una recomposición salarial urgente y mejoras en las condiciones laborales.
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La movilización se desarrolló en inmediaciones de Plaza San Martín, donde desde media mañana se desplegaron pancartas y banderas con consignas que apuntaron directamente al atraso salarial. Según expresaron los manifestantes, una gran parte de los efectivos cobra menos de un millón de pesos, es decir, por debajo del valor de la canasta básica, lo que agrava la situación económica de las familias policiales.
El reclamo, admiten los propios organizadores, se vio impulsado por la reciente protesta en Rosario, donde la presión de los uniformados derivó en un acuerdo con el gobierno de Santa Fe para garantizar que ningún policía cobre menos de 1.350.000 pesos. Ese antecedente generó un “efecto contagio” en otras fuerzas provinciales, que observan con atención las negociaciones salariales en el país.
En La Plata, los familiares también cuestionaron la precariedad de las condiciones de trabajo y reclamaron la apertura de mesas de diálogo estables con las autoridades bonaerenses. “No nos vamos hasta que nos atiendan los funcionarios”, sostuvo una de las voceras de la marcha, que pidió preservar su identidad por temor a eventuales represalias administrativas hacia los efectivos.
Temor a sanciones y antecedentes de conflictos policiales
Si bien se esperaba una convocatoria más numerosa, los organizadores señalaron que muchos efectivos optaron por no participar de manera visible por miedo a sanciones disciplinarias, la apertura de legajos en Asuntos Internos e incluso la posibilidad de enfrentar causas penales, como ocurrió en conflictos anteriores.
En ese contexto, recordaron uno de los episodios más graves de protesta policial, ocurrido en Córdoba en diciembre de 2013, cuando un acuartelamiento derivó en zonas liberadas, saqueos, dos muertos, cientos de heridos y más de un millar de comercios dañados. Aquella crisis marcó un precedente fuerte sobre los riesgos institucionales que conllevan los reclamos de fuerzas armadas y de seguridad.
Otro antecedente mencionado fue la protesta de la Policía Bonaerense en septiembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, cuando patrulleros rodearon la residencia del gobernador Axel Kicillof. En ese momento, la tensión se desactivó con un incremento salarial financiado a partir de la decisión del Gobierno nacional, encabezado por Alberto Fernández, de recortar fondos a la Ciudad de Buenos Aires y redirigirlos a la provincia.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro calificó como “justo y genuino” el reclamo policial y aseguró que “merecía ser escuchado”, luego de acordar que el haber mínimo de los efectivos sea de 1.350.000 pesos.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el malestar dentro de las fuerzas se mantiene en crecimiento y las familias advierten que, sin una respuesta concreta, podrían repetirse y multiplicarse las manifestaciones en las próximas semanas, en un escenario económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales.
