Familiares y prestadores exigen el pago urgente de prestaciones
NewsITe
Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del sector volvieron a alzar la voz para reclamar al Gobierno nacional el pago de abultadas deudas vinculadas al Programa Incluir Salud y al PAMI. Según denuncian, en muchos casos los montos adeudados se remontan a varios meses atrás, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos, traslados y prestaciones esenciales.
El reclamo se concentra en la falta de giro de fondos desde el Poder Ejecutivo hacia los organismos responsables de garantizar la atención de personas con discapacidad. Las demoras en los pagos afectan a transportistas, centros de día, instituciones terapéuticas y familias que dependen de estas coberturas para sostener la atención cotidiana de sus seres queridos.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), apuntó directamente a la gestión del presidente Javier Milei y exigió que se regularice la situación financiera del sector. “Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada”, advirtió.
Macizo explicó que representantes de familias, prestadores y transportistas mantuvieron encuentros con autoridades nacionales para buscar una solución. Entre otras reuniones, se presentaron ante el Ministerio de Salud y dialogaron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, así como con funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud. De acuerdo con su testimonio, las autoridades señalan que el Ministerio de Economía no está girando los fondos necesarios para saldar la deuda acumulada.
Amenaza de acampe y tensión política por la falta de respuestas
Ante la falta de definiciones concretas, las organizaciones que representan a familiares y prestadores evalúan medidas de fuerza más drásticas. Una de las alternativas en estudio es la realización de un acampe por tiempo indeterminado en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de visibilizar la situación crítica que atraviesan miles de personas con discapacidad en todo el país.
Según recordaron los referentes del sector, durante la gestión de Alberto Fernández ya habían llevado adelante al menos cuatro acampes similares, en reclamo por demoras en pagos y recortes de prestaciones. Ahora, con el cambio de gobierno y el agravamiento de la situación económica, temen que la falta de recursos se traduzca en la interrupción de tratamientos, la suspensión de traslados y la pérdida de independencia para quienes requieren apoyos permanentes.
- Retrasos prolongados en el pago de prestaciones de discapacidad.
- Incógnita sobre el giro de fondos desde Economía a los programas Incluir Salud y PAMI.
- Riesgo de interrupción de tratamientos, medicación y traslados esenciales.
- Posibilidad de un nuevo acampe por tiempo indeterminado en reclamo de soluciones.
“No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos”, cuestionó Macizo al referirse a la eventual respuesta oficial frente a eventuales protestas.
Mientras las negociaciones continúan, familias y prestadores advierten que no hay margen para seguir dilatando el pago de lo adeudado. Sostienen que no se trata de un conflicto sectorial, sino de la defensa de derechos básicos de las personas con discapacidad, cuya atención depende directamente de la decisión política y del financiamiento del Estado nacional.
