Reclamo laboral destapa una crisis en la Caja Popular tucumana
NewsITe
Un reclamo judicial iniciado por el exfutbolista Adrián Arregui derivó en un serio conflicto institucional y político que tiene en el centro de la escena a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y al diputado nacional Carlos Cisneros. La demanda, presentada en octubre de 2023, apunta a un supuesto seguro laboral que, según la documentación interna de la entidad, no habría existido.
De acuerdo con la información disponible en el expediente, la Caja Popular delegó su defensa en un estudio jurídico con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La actuación de ese buffet es ahora objeto de fuertes críticas, ya que no habría contestado en tiempo y forma la demanda ni planteado la falta de competencia territorial del Tribunal del Trabajo que interviene en la causa. Esa pasividad procesal habría dejado a la entidad tucumana en una situación de virtual indefensión.
La figura de Carlos Cisneros, diputado nacional y dirigente de peso en el armado político tucumano, quedó involucrada a partir de versiones que lo vinculan estrechamente con el abogado responsable de la estrategia legal. Esa cercanía alimentó cuestionamientos sobre la forma en que se seleccionó y contrató al estudio jurídico, así como sobre el eventual rol del legislador en la toma de decisiones durante la intervención de la Caja Popular.
Cuestionamientos políticos y un perjuicio millonario
Fuentes vinculadas a la causa señalan que el perjuicio potencial para la Caja Popular podría rondar los 1.400 millones de pesos, una cifra que encendió alarmas tanto en el ámbito político como en el financiero local. El caso abrió un debate sobre los criterios utilizados para tercerizar la defensa legal de organismos estatales o de fuerte participación pública, y sobre los mecanismos de control interno en situaciones de intervención.
- Demanda laboral presentada por Adrián Arregui en octubre de 2023.
- Ausencia de contestación o planteo de incompetencia por parte del estudio jurídico contratado.
- Perjuicio estimado en 1.400 millones de pesos para la Caja Popular.
- Cuestionamientos a la relación entre el diputado Carlos Cisneros y el abogado a cargo.
La actuación del estudio jurídico y la supervisión política de la intervención quedaron bajo la lupa, en un contexto de dudas sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Mientras el expediente judicial avanza, se espera que la conducción de la Caja Popular y las autoridades competentes brinden explicaciones sobre la contratación de los servicios legales y las eventuales responsabilidades administrativas o políticas derivadas de la falta de una defensa adecuada. El caso, que comenzó como un reclamo individual de un exdeportista, promete seguir generando repercusiones en el tablero político tucumano y reavivar la discusión sobre el control de los organismos estatales y paraestatales.
