“No es sólo una decisión administrativa. Es una forma de violencia ginecológica institucional porque impide prevenir enfermedades graves que afectan mayoritariamente a mujeres y personas con útero. La violencia ginecológica no sucede sólo en un consultorio. También ocurre cuando el Estado desmantela el sistema de prevención y cuidado”, expresaron desde la Campaña Nacional contra la Violencia Obstétrica.
De la Redacción de EL NORTE
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Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Obstétrica –movimiento autoconvocado con el fin de erradicar la violencia ginecobstétrica– reclamaron esta semana por la reducción y/o eliminación de los programas de detección temprana de cáncer de mama y de cuello uterino, en el marco de la disolución por decreto del Instituto Nacional del Cáncer.
Se trata de programas “que durante años fueron política pública para salvar vidas”, notaron. “Las mamografías y los PAP no son un lujo. Son herramientas de prevención. Sin acceso gratuito y garantizado, las mujeres llegan tarde. Llegan peor. Llegan solas. Eliminar estos programas no es sólo una decisión administrativa. Es una forma de violencia ginecológica institucional porque impide prevenir enfermedades graves que afectan mayoritariamente a mujeres y personas con útero. La violencia ginecológica no sucede sólo en un consultorio. También ocurre cuando el Estado desmantela el sistema de prevención y cuidado. Cuando no hay vacunas. No hay médicos. No hay turnos. No hay datos. La salud no se negocia. La prevención salva vidas y el acceso universal es un derecho, no un privilegio”, marcaron en redes sociales.
“Eliminar los programas de detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino no es solo una medida económica: es una decisión política que pone en riesgo la vida de miles de mujeres y cuerpos feminizados.
Esto también es violencia ginecológica. La salud no puede depender del bolsillo ni de la suerte. Necesitamos políticas públicas que cuiden, no que abandonen”, agregaron.
INCIDENCIA
Si bien el cáncer de cuello de útero es una enfermedad altamente prevenible con las estrategias actuales, en Argentina, en términos absolutos, es el tercer tipo de tumor más frecuente en mujeres y el quinto tumor que más muertes causa en esta población. Se estima que cada año ocurren más de 4600 casos nuevos de cáncer cervicouterino y más de 2200 personas fallecen anualmente a causa de esta enfermedad.
“Este tumor afecta principalmente a mujeres vulnerables y con poco vínculo con los servicios de salud, debido a la existencia de diversas barreras de acceso a la salud. Algunas de esas barreras se encuentran relacionadas con la inequidad en la distribución territorial de las pruebas de tamizaje y del personal de salud para realizar la toma y lectura de las muestras”, se puede leer en el sitio oficial del que era el Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino.
Del mismo modo, el ahora disuelto Instituto advertía al presentar el Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama: “El cáncer de mama es un problema importante para la salud en Argentina, ya que es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Anualmente, se producen 6100 muertes por esta enfermedad y se estima que se producirán más de 22.000 nuevos casos por año, lo cual representa el 32,1% del total de incidencia de cáncer en Argentina”.
DECRETO
El Gobierno nacional dispuso esta semana, entre otras medidas, la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer. La resolución quedó formalizada el martes a través de un decreto y es parte de un paquete de decretos que se oficializaron a horas del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. La explicación oficial de estos cierres es la búsqueda de eficiencia administrativa, aunque organizaciones denunciaron que las medidas impactan directamente sobre la estructura sanitaria existente y los derechos de la población. El Instituto Nacional del Cáncer, que hasta ahora funcionaba como un organismo con identidad institucional propia, pasará a operar como una unidad organizativa interna dentro del Ministerio de Salud
