Trabajadores del INTI resisten el cierre de un área clave de control
NewsITe
Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) convocaron para este lunes a un abrazo simbólico en la sede central del organismo, ubicada sobre la avenida General Paz, en rechazo al cierre de la Dirección de Metrología Legal y del Organismo de Certificación, dispuesto por el Gobierno nacional.
La medida se oficializó a través de la Resolución 213, publicada en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025, y prevé dar de baja el área a partir del 31 de enero. En ese sector se desempeñan más de 150 técnicos y profesionales encargados de la verificación y certificación de instrumentos de medición utilizados en todo el país.
Según adelantaron los trabajadores, la concentración comenzará a las 10 en la sede de General Paz 5445. Desde el INTI advirtieron que el cierre de Metrología Legal podría derivar en una merma en la rigurosidad de los controles sobre productos y servicios, con impacto directo en usuarios y consumidores.
Qué implica el cierre de Metrología Legal
La Dirección de Metrología Legal tenía a su cargo la verificación periódica de dispositivos de medición que forman parte de la vida cotidiana. Entre ellos se encuentran los surtidores de combustible, las balanzas de comercios y puertos, los radares utilizados para multas por exceso de velocidad y los etilómetros con los que se controla el nivel de alcohol en sangre de los conductores.
Además, el INTI intervenía en el control de medidores de agua potable y de energía eléctrica, termómetros clínicos y taxímetros, entre otros instrumentos sensibles tanto para el comercio como para la seguridad y la salud pública. Su rol era garantizar que las mediciones fueran confiables y comparables en todo el territorio nacional.
De un organismo público de referencia a servicios privados
Los trabajadores recordaron que el INTI es el custodio de los patrones nacionales de medida, función que le fue otorgada hace más de dos décadas mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Esa responsabilidad le confería la potestad de asegurar que “un metro sea un metro”, “un litro sea un litro” y “un kilogramo sea un kilogramo”, actuando como tercero imparcial en las transacciones comerciales entre privados.
Con la nueva resolución, el Gobierno dispuso el fin del área de Metrología Legal y la transferencia total del control de los instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados, acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Muchos de esos prestadores ya operaban en el mercado, pero señalan que el INTI era su principal competidor debido a su trayectoria y reconocimiento entre empresas y usuarios.
Preocupación por costos y riesgos en la seguridad
Dentro del INTI sostienen que el nivel de satisfacción de los clientes quedaba demostrado en la cantidad de órdenes de trabajo abiertas cada año y en la facturación del organismo, indicadores que, según remarcan, contradicen los argumentos de supuestas “demoras” y de la búsqueda de “desburocratizar” o “eliminar trabas al comercio”.
Los profesionales también pusieron el foco en el impacto económico y en los posibles riesgos para la seguridad civil. Como ejemplo, detallaron que la verificación de un alcoholímetro en el INTI costaba a los municipios alrededor de $140.000, mientras que el mismo servicio en un laboratorio privado treparía a unos $1.200.000 por equipo. Ante este salto en los costos, advierten que muchos gobiernos locales podrían dejar de realizar los controles de rutina al no poder afrontarlos.
“La decisión de desmantelar Metrología Legal nos deja sin un árbitro técnico público, reconocido a nivel internacional, que garantice mediciones confiables y accesibles para todos los actores del sistema”, alertaron trabajadores del INTI.
Mientras el Gobierno avanza con su política de reducción del Estado y mayor participación del sector privado en áreas de control, el conflicto en el INTI suma un nuevo capítulo de tensión. Los trabajadores evalúan nuevas acciones y buscan visibilizar lo que consideran una pérdida estratégica para la infraestructura científica y tecnológica del país.
