Reclamo rechazado y demanda civil por efectos de vacuna Covid
NewsITe
El caso de Flavia Ochoa, una mujer cordobesa que señala haber sufrido un síndrome de Guillain-Barré tras recibir la vacuna contra el Covid-19, abrió un nuevo frente judicial en torno al sistema de reparación previsto por la Ley 27.573 y al rol del Estado nacional y del laboratorio AstraZeneca.
Antes de iniciar la vía judicial, Ochoa agotó el procedimiento administrativo establecido por esa normativa, que creó un fondo especial para indemnizar a personas que acrediten daños físicos vinculados a la vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, su reclamo fue rechazado al considerarse que no existía una relación causal demostrada entre la vacuna aplicada y el cuadro neurológico denunciado.
El dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyó que “no se ha podido establecer un nexo de causalidad entre la vacuna contra el Covid-19 suministrada y el presunto efecto adverso denunciado”. Esa valoración técnica es hoy uno de los puntos más cuestionados en la demanda, que sostiene que la administración no ponderó de forma adecuada la abundante documentación médica acompañada.
Los fundamentos del reclamo judicial
Según surge de la presentación, en marzo de 2023 Ochoa inició el expediente para acceder al mecanismo de compensación previsto por la Ley 27.573. Allí incorporó certificados de neurólogos, historias clínicas, constancias de internación, un dictamen de incapacidad laboral, la denuncia de Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), el carnet de vacunación y otros antecedentes clínicos que luego se sumaron al caso.
Frente al rechazo administrativo, la actora acudió a la Justicia civil. La demanda no solo reclama una indemnización por los presuntos daños sufridos, sino que también apunta a la estructura legal del sistema de reparación. En particular, solicita que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.573 y de su reglamentación, al considerar que limitan el acceso a una reparación plena.
Cuestionamientos a la Ley 27.573 y alcance de la acción
- La demanda afirma que el procedimiento administrativo restringe el acceso a una reparación integral frente a eventuales daños asociados a la vacunación.
- Plantea, en forma subsidiaria, el reconocimiento del fondo de reparación establecido por la ley para los casos en que se acrediten secuelas derivadas de las vacunas contra el Covid-19.
- Dirige el reclamo tanto contra AstraZeneca S.A. como contra el Estado nacional, a quienes atribuye responsabilidad civil por los daños que denuncia Ochoa.
En ese marco, la causa abre un debate más amplio sobre la forma en que el Estado evalúa los reportes de eventos adversos, el grado de transparencia del proceso y el alcance del sistema de compensaciones creado en plena emergencia sanitaria.
Lo que deberá resolver ahora la Justicia
Con la presentación de la demanda se inicia una etapa distinta a la administrativa. Será ahora la Justicia la que deba analizar la prueba documental, la evidencia médica disponible y las pericias que se produzcan en el expediente, así como los argumentos que presenten tanto la parte actora como las demandadas.
El tribunal deberá determinar si existe o no una relación causal jurídicamente relevante entre la vacuna aplicada y el síndrome de Guillain-Barré denunciado, y en función de ello decidir si corresponde una reparación económica, ya sea a través del fondo previsto por la Ley 27.573 o mediante la responsabilidad civil de los demandados.
“Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada”, expresó Ochoa en diálogo con Noticias Argentinas, al describir el derrotero de su caso.
Consultados por Noticias Argentinas, AstraZeneca, el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT no respondieron, por el momento, a los interrogantes planteados sobre este expediente y sobre el desempeño general del mecanismo de reparación. La evolución de la causa será seguida de cerca, tanto por especialistas en derecho sanitario como por otras personas que reportaron posibles efectos adversos a las vacunas contra el Covid-19.
