Las pymes molineras y otras empresas del sector reaccionaron críticamente a las medidas anunciadas en las últimas horas. Plantean que no permitirán aumentar la producción ni beneficiarán a los consumidores. Proponen trabajar sobre la base de acuerdos. Proyecto de la oposición.
Diferentes sectores vinculados de manera directa e indirecta al campo y la agroindustria expresaron su rechazo al aumento de las retenciones a los subproductos de la soja con el cual financiar un fondo de subsidio al precio de la harina de trigo, frente al aumento de precios del cereal en el mercado externo y local a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy, en una rueda de prensa, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo que la medida busca beneficiar al consumidor y que no perjudicará al productor.
La dirigencia de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires expresó en un comunicado su rechazo a las medidas, que significan un aumento de la presión impositiva y cambio en las reglas de juego, en medio de una campaña agrícola en que la falta de lluvias reducirá los volúmenes de producción. “Cercenar exportaciones y subir impuestos es frenar la dinámica del principal sector que, actualmente, provee divisas y genera empleo. Es ir a contramano de lo que debemos discutir para lograr abastecer a un mundo que requerirá un mayor aporte de nuestro país”, expresaron desde la entidad que preside José Martins.
Producir, no gravar más
Además, agregaron que la guerra en Europa “nos pone frente a la responsabilidad de producir más y con mayor valor agregado para atender esas demandas. Esto va a generar divisas y por supuesto mayor empleo entre nuestros compatriotas”. Al respecto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires reiteró que las medidas del Gobierno de Alberto Fernández se transforman nuevamente en un abrupto cambio en las reglas de juego, que impiden una mayor producción, industrialización de la materia prima y exportaciones, para luego derivar en una reactivación de la economía local.
Por otro lado, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA) expresó su preocupación por la creación del Fondo Estabilizador del Precio de Trigo. “El mismo va a generar un desajuste financiero que a las pymes las pone en alto riesgo. En el pasado ya han existido fondos y programas de estabilización del mercado de trigo que han provocado distorsiones en el mercado interno y han puesto en jaque al sector molinero pymes”, dijo el presidente de la entidad, Oscar Marino, desde donde también dijeron que están dispuestos a participar de una mesa de acuerdo contra la inflación, y destacaron las palabras del ministro de Agricultura, que habló de darle previsibilidad al sector.
La entidad también subrayó que más allá de las diferencias en la implementación del fondo, “lo cierto es que la distorsión en el mercado y el perjuicio a las pymes será inevitable por la propia naturaleza de su funcionamiento. Es que estos fondos estabilizadores del precio de trigo generan un precio subsidiado del producto a comercializar, que en el caso se lo retrotrae a los valores preguerra Rusia y Ucrania, para garantizar el precio final de los productos derivados en la mesa de los argentinos. Esta política solo puede ser llevada a cabo con mecanismo de compensación por parte del Estado a favor de los molineros”.
A su vez, plantearon como problemática que el contralor de esta política de compensaciones “impone trámites extensos para la percepción de la compensación, lo que obliga a los molineros a financiar el precio subsidiado de su producto a costos que ni siguiera cubren o sostienen la estructura de sus gastos. La tardanza y burocratización del beneficio tiene un impacto financiero altamente negativo en nuestras empresas pymes que no cuentan con el capital de trabajo necesario para hacer frente a esta realidad”.
A modo de propuesta, la entidad se mostró a favor de las nuevas tecnologías, direccionar subsidios a la población que realmente se encuentra vulnerada, buscando políticas de esfuerzo sectorial que sean razonables.
Otro de los sectores que se pronunció en contra de los anuncios oficiales fue la Mesa Agropecuaria de la Fundación Alem, cuyos integrantes resaltaron que “es urgente, necesaria y entendible la decisión de arbitrar mecanismos que morigeren el aumento del precio de los alimentos y disminuyan el impacto negativo que tienen en los sectores de menor poder adquisitivo. No consideramos necesario ni conveniente que se tome el diferencial arancelario eliminado, en detrimento de algún eslabón del entramado productivo”. También sugirieron “utilizar el plus que se recauda en concepto de derechos de exportación como consecuencia del aumento del precio internacional de los granos para conformar un Fondo de Estabilización que permita aumentar y mejorar las asignaciones alimentarias de los más desposeídos”.
La dirigencia del campo
Si bien hasta el momento no se ha difundido un comunicado de la Mesa de Enlace en relación con los anuncios realizados por el Gobierno para combatir la inflación, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, durante su visita al distrito bonaerense de Otamendi se reunió con más de 100 productores de papa y autoridades de esa federación nacional, desde donde reafirmó estar seguro de que “las retenciones no fueron, no son y nunca serán el camino. No necesitamos ‘guerra contra la inflación’, pedimos acuerdos”.
El dirigente coincidió con las expresiones del ministro Julián Domínguez que habló de la importancia de dar previsibilidad, algo que las entidades se han pronunciado en ese sentido en más de una oportunidad. “Para salir adelante necesitamos unir esfuerzos y dialogar. La inflación se combate generando empleo y sobretodo promoviendo más producción en todas las economías regionales del país”, dijo Carlos Iannizzotto desde su cuenta personal de Twitter.
Por último, tras conocerse la noticia del aumento de las retenciones a los subproductos de la soja, más de cincuenta diputados nacionales de Juntos por el Cambio acompañaron hoy el proyecto del diputado Alejandro Cacace (UCR Evolución – San Luis) para que el Congreso rechace el decreto 131/22 presentado por el presidente Alberto Fernández por el cual aumenta las alícuotas de los derechos de exportación del aceite y harina de soja a 33%. En un comunicado, el diputado que promueve el reclamo explicó: “El Congreso no puede avalar que el Poder Ejecutivo aumente impuestos amparados en viejas normas que ya han sido declaradas inconstitucionales. Es necesaria la intervención del Congreso y, en este caso, corresponde rechazar el decreto 131/22″.