España avanza con una regularización masiva de inmigrantes
NewsITe
El gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, se dispone a aprobar este martes un real decreto que abrirá una vía de regularización para unos 500.000 inmigrantes en situación irregular, entre ellos una cantidad significativa de argentinos. La medida, que se adoptará por vía administrativa y no requerirá el aval del Parlamento, se enmarca en un acuerdo entre el oficialista PSOE y la fuerza de izquierda Podemos.
De acuerdo con información difundida por medios españoles y reconstruida por la Agencia Noticias Argentinas, el decreto beneficiará a extranjeros que se encuentren en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de permanencia continua. Esto supone una ventana excepcional para quienes llevan tiempo residiendo sin papeles y buscan regularizar su vida laboral y social.
La acreditación de la estadía tendrá criterios más flexibles que los habituales. Además del empadronamiento en el municipio donde residen, se aceptarán documentos como certificados médicos, contratos de servicios básicos (luz, gas, internet), comprobantes de envío de dinero al exterior y otros registros que demuestren presencia efectiva en España. El objetivo declarado del Ejecutivo es simplificar la burocracia y evitar que miles de personas queden atrapadas en la informalidad.
Permisos provisorios y caminos a la residencia definitiva
El impacto del real decreto será inmediato para quienes entren en el procedimiento. La sola admisión a trámite de la solicitud concederá una autorización provisional de residencia y trabajo por el plazo de un año. Durante ese período, los beneficiarios podrán acceder al empleo formal, inscribirse en la seguridad social y comenzar a regularizar su situación fiscal.
- Permiso automático de residencia y trabajo por 12 meses, sujeto a la presentación de la documentación requerida.
- Suspensión de los procedimientos de expulsión o retorno en curso por causas administrativas.
- Posibilidad de tramitar, al cabo del primer año, una autorización ordinaria de residencia bajo el reglamento general de extranjería.
La normativa también congela, de forma automática, las órdenes de expulsión que pesen sobre quienes ingresen al programa, siempre que se trate de infracciones administrativas ligadas a la situación migratoria. De esta forma, las personas que hasta ahora estaban expuestas a la deportación ganarán margen para regularizarse y proyectar su vida a mediano plazo.
Argentinos en España y debate político encendido
La decisión llega en un contexto de fuerte presencia latinoamericana en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población argentina empadronada en ese país alcanzó los 415.987 residentes en 2024, el nivel más alto registrado hasta el momento. Aunque una mayoría ya cuenta con residencia legal, un porcentaje todavía permanece en la informalidad, por lo que la amnistía administrativa podría significar un cambio de vida para miles de compatriotas.
Un informe del centro de análisis Funcas estima que la inmigración irregular en España ronda las 840.000 personas, de las cuales cerca del 91% proviene de países latinoamericanos, principalmente Colombia, Perú y Honduras. En ese universo también se encuentran argentinos que llegaron en los últimos años impulsados por la crisis económica en el Cono Sur.
La vía elegida por el Ejecutivo, mediante real decreto y sin debate parlamentario previo, encendió la reacción de la oposición. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, calificó la política migratoria de Sánchez como «disparatada» y aseguró que el gobierno busca desviar la atención tras la reciente tragedia ferroviaria que conmovió al país.
«Esto aumentará el efecto llamada y desbordará nuestros servicios públicos», advirtió Núñez Feijóo, en línea con el rechazo del principal partido opositor a la regularización masiva.
Desde la ultraderecha, Santiago Abascal, referente de Vox, fue todavía más lejos y acusó al presidente español de actuar como un «tirano», al tiempo que habló de «invasión» migratoria y sostuvo que Sánchez «odia al pueblo español y quiere sustituirlo». Pese a las críticas, el oficialismo confía en que la medida se sostendrá políticamente al presentar, como contracara, la integración formal de cientos de miles de trabajadores hoy sumergidos en la economía informal.
