Reactivan la investigación por presuntas coimas en la ANDIS
NewsITe
El fiscal federal Franco Picardi ordenó reactivar la causa que investiga un presunto sistema de coimas y retornos en la compra de medicamentos de alto costo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Como parte de esta medida, pidió que vuelva a ser indagado el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, ya procesado en el expediente.
La decisión se inscribe en una pesquisa que apunta a esclarecer un entramado de presunta corrupción que habría funcionado durante la gestión anterior al frente de la ANDIS. Según la investigación, funcionarios públicos y un grupo de empresarios del sector farmacéutico habrían articulado un mecanismo para direccionar compras y obtener beneficios indebidos a través de retornos millonarios.
Además de Spagnuolo, Picardi solicitó que vuelvan a declarar Miguel Ángel Calvete, señalado como supuesto lobbista de importantes droguerías, y Daniel Garbellini, ex responsable del área de compras de medicamentos dentro de la Agencia. Ambos ya habían sido mencionados en las etapas iniciales del expediente como piezas clave en el circuito de adquisición de insumos médicos.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Agencia Noticias Argentinas, Spagnuolo fue procesado por los delitos de cohecho activo, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Ahora, la fiscalía sostiene que surgieron nuevas evidencias que obligan a profundizar la investigación sobre su rol y el de otros involucrados.
Nuevas maniobras y un perjuicio millonario al Estado
La fiscalía detectó supuestas maniobras recientes que se habrían desarrollado de forma continuada dentro de la ANDIS. Estas prácticas, según la hipótesis de la causa, involucraron a funcionarios y a más de una veintena de empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo, que se habrían beneficiado de un esquema de sobreprecios y pagos indebidos.
Las operaciones bajo la lupa implicaron salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos. Ese dinero, que debía destinarse a la atención de personas con discapacidad y a la cobertura de tratamientos costosos, habría terminado en manos de un reducido grupo empresarial que integraba el circuito presuntamente ilícito.
- Más de 20 empresarios del sector farmacéutico y de insumos médicos figuran en la investigación.
- Se analizan contratos, facturación y circuitos de pago por medicamentos de alto costo.
- El perjuicio al Estado se estima en más de 75.000 millones de pesos.
La causa busca determinar cómo un sistema de presuntas coimas y retornos habría desviado fondos que estaban destinados a políticas públicas para personas con discapacidad.
Con la ampliación de indagatorias y el análisis de nueva documentación, la Justicia federal intentará reconstruir el recorrido del dinero y comprobar si existió un circuito organizado de corrupción entre funcionarios y empresarios. En las próximas semanas se esperan definiciones clave que podrían derivar en nuevas imputaciones y eventuales elevaciones a juicio en uno de los expedientes sensibles vinculados al área de discapacidad.
