El Gobierno se despega del caso Adorni y evita hablar de corrupción
NewsITe
El vocero presidencial, Adrián Ravier, dejó en claro este martes que la Casa Rosada no hará comentarios sobre la situación judicial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Desde la conferencia de prensa habitual en Buenos Aires, el funcionario remarcó que se trata de un tema que “está en manos de la Justicia” y que el Gobierno no tiene previsto pronunciarse sobre el fondo de la causa.
“Manuel Adorni es una persona que no forma parte de este Gobierno. Todo lo relativo a su situación está en manos de la Justicia. No vamos a agregar más información, en todo caso esperaremos que la Justicia hable”, señaló Ravier al ser consultado sobre si el oficialismo considera que se trata de un posible caso de corrupción.
Las declaraciones se producen luego de que Adorni presentara ante el Poder Judicial un extenso escrito de 78 páginas para justificar su patrimonio. En ese descargo, elaborado por su abogado Matías Ledesma, el exfuncionario del presidente Javier Milei buscó explicar el origen de dólares en efectivo no declarados y otros gastos que habían quedado bajo la lupa de los investigadores.
La Ley de Inocencia Fiscal II y el intento de marcar diferencias
Durante la rueda de prensa, Ravier también fue interpelado sobre el posible vínculo entre el caso Adorni y el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, iniciativa del Gobierno que apunta a blanquear fondos no declarados para que regresen al sistema financiero formal. El vocero se ocupó de trazar una línea divisoria entre ambos temas.
“Se deben separar las cosas”, sostuvo. Según explicó, la Inocencia Fiscal II tiene como objetivo que el dinero en negro vuelva a los bancos, se convierta en ahorro y, a partir de allí, fomente la inversión y contribuya a la recuperación económica que el Ejecutivo considera aún pendiente. “Seguimos pensando que es una ley fundamental, pero no vamos a mezclarlo con el tema de Adorni, que continúa en la Justicia y no nos vamos a seguir pronunciando al respecto”, enfatizó.
Las explicaciones de Adorni y las dudas sobre las criptomonedas
En su presentación judicial, Adorni centró buena parte de su defensa en operaciones con criptomonedas realizadas antes de su desembarco en la función pública. De acuerdo con su relato, había acumulado alrededor de US$ 591.544 en ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018. Esos activos, siempre según su versión, fueron liquidados de manera personal y presencial en espacios públicos, recibiendo transferencias en dólares a cambio.
El exjefe de Gabinete indicó que esos fondos tenían como respaldo dinero que guardaba “en negro” para, según sus palabras, escapar de las prácticas de “la vieja política”. Sin embargo, esas explicaciones reavivaron las suspicacias, ya que entran en tensión con declaraciones previas que él mismo había realizado en una videoconferencia para la billetera virtual Lemon, el 19 de octubre de 2020.
En aquella instancia, Adorni contó una anécdota que situó en 2015 y aseguró que en ese momento no sabía qué eran las criptomonedas, lo que choca con la versión de que habría comenzado a operar con Bitcoin en 2014. Esa aparente contradicción será uno de los elementos a evaluar por el fiscal que interviene en la causa, quien deberá definir los próximos pasos en la investigación sobre su patrimonio.
Desde el Gobierno insisten en que no opinarán sobre la eventual responsabilidad de Adorni hasta que exista una definición judicial, mientras buscan preservar el avance de su agenda económica en el Congreso.
Por ahora, la estrategia oficial es clara: tomar distancia del exfuncionario, evitar calificaciones políticas sobre su conducta y dejar que sea la Justicia la que determine si existió o no enriquecimiento ilícito, en un caso que vuelve a poner bajo el foco la transparencia en el ejercicio de la función pública.
