Rompió la tobillera, violó la perimetral y mantuvo cautiva a su ex
NewsITe
Un amplio operativo policial que incluyó negociaciones del Grupo Halcón, rastrillajes en distintas ciudades bonaerenses y el seguimiento de cámaras de seguridad permitió detener en Rauch a un hombre acusado de secuestrar a su ex pareja luego de romper la tobillera electrónica y desobedecer una restricción perimetral.
El caso tiene su origen el 5 de septiembre del año pasado, cuando Nilda Tapia denunció en Tandil a su ex pareja, Jairo Corsi. Según la denuncia, el hombre la habría llevado a un campo, donde la amenazó con un cuchillo y abusó sexualmente. A partir de ese relato se inició una causa penal y, seis días después, la DDI concretó la detención de Corsi. Más tarde, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria monitoreada mediante una pulsera electrónica.
Durante varios meses no se registraron incidentes vinculados al imputado. Sin embargo, el viernes 20 de marzo de 2026 se encendieron las alarmas cuando una mujer llamó al 101 desde una estación de servicio de Necochea y manifestó estar privada de su libertad por su expareja. Mientras se tomaban los datos, se comprobó que Corsi se había cortado la pulsera electrónica y se encontraba prófugo, lo que disparó la intervención inmediata de la Policía bonaerense.
Los investigadores se trasladaron al domicilio del acusado y constataron que se había fugado. A partir de allí se montó un operativo para localizar a la víctima y reconstruir el recorrido del sospechoso. Gracias al análisis de cámaras de seguridad se detectó que Tapia se desplazaba junto a Corsi en una camioneta Ford Ranger, mientras que el rastreo de los teléfonos celulares permitió ubicarlos en la zona de San Manuel, partido de Lobería. Pese a múltiples rastrillajes, los primeros procedimientos dieron resultado negativo.
Allanamientos, persecución y fuga por el interior bonaerense
El domingo 22 de marzo se allanó el domicilio del acusado en Tandil, donde se secuestraron varios teléfonos celulares para profundizar la investigación. Ese mismo día se supo que la camioneta utilizada por la pareja había quedado encajada y fue abandonada en Necochea, por lo que la fuga continuó a bordo de una moto hacia la zona rural de Rauch.
En la madrugada del lunes 23, personal policial localizó a Corsi y a Tapia en el establecimiento rural “La Lonja”, ubicado a unos 17 kilómetros de Rauch. Según fuentes del caso, al verse rodeado, el imputado se atrincheró en una vivienda junto a la víctima y a una familia que se encontraba en el lugar, entre ellos dos menores de edad, lo que elevó la tensión del operativo.
De inmediato se montó un dispositivo de seguridad en la zona, con el objetivo de lograr la rendición del acusado sin causar heridos. Tras varios minutos de negociación, Corsi permitió que los dos niños fueran puestos a resguardo de las autoridades, aunque continuó amenazando con quitarse la vida y resistiéndose a la detención.
Intervención del Grupo Halcón y rescate de las víctimas
Con el correr de las horas, y ante la complejidad de la situación, se convocó al Grupo Halcón, fuerza de élite de la Policía bonaerense especializada en hechos de alto riesgo. Los efectivos establecieron un cerco en torno a la vivienda y llevaron adelante casi cinco horas de negociaciones con el sospechoso para evitar un desenlace violento.
En ese lapso, Corsi efectuó varios disparos desde el interior del inmueble, aunque no se registraron personas lesionadas. Finalmente, y ante la falta de respuesta positiva, el grupo táctico irrumpió en la casa, redujo al hombre y concretó su detención. Tanto Nilda Tapia como la familia que se encontraba en el lugar fueron rescatadas y, de acuerdo con la información oficial, resultaron ilesas.
La causa quedó a cargo de la UFI N° 16, encabezada por el fiscal Marcos Eguzquiza, junto con el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Juan Suárez. Se espera que en los próximos días se definan nuevas imputaciones contra Corsi, que se sumarían a las ya existentes por amenazas, abuso sexual, desobediencia judicial, secuestro y uso de arma de fuego.
El episodio vuelve a poner en debate la eficacia de los dispositivos electrónicos de control y los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género, así como la necesidad de revisar los criterios con los que se otorgan prisiones domiciliarias en casos de alto riesgo.
