La sanción de $365.000 al Club Social Ramallo reabrió el debate sobre una política que prioriza castigos económicos en un contexto de escaso acompañamiento institucional.
La reciente multa impuesta al Club Social Ramallo por el uso de pirotecnia durante un partido disputado en Pérez Millán volvió a encender el debate sobre el rol que cumple el Municipio frente a las instituciones deportivas. La sanción, que asciende a $365.000, fue aplicada en el marco de la ordenanza de Pirotecnia Cero y notificada a fines de enero por el Juzgado de Faltas y la Secretaría de Gobierno.
Según informó la institución, el episodio ocurrió el 14 de septiembre de 2025, cuando simpatizantes arrojaron pirotecnia antes del inicio del encuentro. A partir de ese hecho, el Municipio actuó de oficio y avanzó con el proceso administrativo que culminó con la multa económica, otorgando un breve plazo para su cancelación bajo apercibimiento de recargos.
Desde el club emitieron un comunicado en el que ratificaron su compromiso con la normativa vigente y con la concientización sobre los efectos negativos del uso de pirotecnia, tanto en personas con hipersensibilidad como en animales. Además, anunciaron que buscarán identificar a los responsables para aplicar sanciones internas. Sin embargo, también dejaron en evidencia el impacto que genera una medida de este tipo en una institución que sostiene actividades sociales y deportivas a diario.
El caso no es aislado. Meses atrás, el Club Los Andes de Villa Ramallo atravesó una situación similar, cuando su sede fue clausurada tras una denuncia por detonaciones en las inmediaciones del edificio. Aquella decisión derivó en una multa millonaria y en la suspensión de actividades durante semanas, afectando a cientos de chicos y jóvenes. En ambos episodios, las dirigencias cuestionaron la falta de instancias reales de descargo y la ausencia de pruebas contundentes.
Este patrón comienza a consolidar una percepción cada vez más extendida en el ámbito deportivo: el Municipio parece priorizar el camino sancionatorio por sobre el acompañamiento institucional. La aplicación automática de multas, muchas veces basadas en denuncias anónimas o actas incompletas, deja a los clubes en una posición de indefensión y con serias dificultades económicas.
La gestión del intendente Mauro Poletti enfrenta, además, críticas por la demora en el pago del Fondo Municipal del Deporte. Ese instrumento, destinado al sostenimiento de las entidades, registra importantes atrasos desde 2025 y afecta directamente al mantenimiento, la infraestructura y el traslado de deportistas.
La contradicción resulta evidente: por un lado, se exige cumplimiento estricto de las normas; por otro, se incumplen compromisos financieros asumidos por el propio Estado local. Esta dinámica debilita a instituciones que cumplen un rol social clave, conteniendo a niños y adolescentes y alejándolos de contextos de vulnerabilidad.
Nadie discute la necesidad de erradicar la pirotecnia y promover eventos seguros e inclusivos. Pero la política pública no puede reducirse a castigos económicos. Sin prevención, sin diálogo y sin apoyo real, las multas se convierten en una herramienta recaudatoria más que en un mecanismo educativo.
