Los trabajadores del área de prevención aseguran que el Municipio de Ramallo mantiene deudas impagas y que algunos de ellos fueron convocados a retomar tareas sin mejoras salariales.
El conflicto por la disolución de la cooperativa C y M L, que prestaba servicios de patrullaje preventivo para la Municipalidad de Ramallo, continúa sin resolución y mantiene en alerta a decenas de familias. Exempleados afirmaron que, pese a los reclamos formales, aún no recibieron los haberes adeudados ni una respuesta oficial por parte del intendente Mauro Poletti o de su gabinete.
En diálogo con este medio, uno de los trabajadores removidos señaló que “la situación se agrava día a día” y que el servicio de patrullas sigue paralizado. “No tenemos ninguna novedad sobre los pagos ni sobre una posible reincorporación. El intendente anuncia otras gestiones, pero no se pronuncia sobre nosotros”, expresó.
Reclamos por falta de diálogo y condiciones precarias
Los trabajadores insisten en que la cooperativa nunca funcionó como tal, sino como un mecanismo de contratación indirecta. “Estábamos en la calle todos los días cumpliendo funciones municipales, pero sin contrato, sin aportes ni cobertura. Cuando pedimos una mejora, nos dejaron afuera”, relataron.
Además, cuestionan la falta de diálogo por parte del Ejecutivo local. “El Municipio informa que hay patrullajes diarios, pero en realidad no hay móviles en las calles”, afirmaron. También advirtieron que “la inseguridad volvió a crecer” en distintos barrios del distrito.
Según denunciaron, algunos excompañeros fueron convocados nuevamente para retomar tareas por el subsecretario de seguridad, Lautaro Correa, aunque bajo las mismas condiciones laborales que habían motivado el reclamo inicial. “Les pidieron volver, pero sin aumento ni regularización. La gente acepta por necesidad”, aseguraron.
Acusan desvío de recursos y piden rendición de cuentas
En sus declaraciones, los trabajadores también señalaron presuntas irregularidades en el uso de los recursos del área de prevención. Indicaron que los vehículos oficiales habrían sido utilizados para fines electorales, ajenos al servicio, y que parte del equipamiento “desapareció” tras el cierre de la cooperativa.
“El intendente Poletti dice que el Municipio tiene deudas millonarias por falta de pago de tasas de seguridad e higiene, pero mientras tanto no cumple con sus propios trabajadores”, reclamaron.
Asimismo, exigieron que el Concejo Deliberante intervenga para solicitar una rendición de cuentas. “Queremos transparencia y una respuesta institucional. Lo único que pedimos es que se reconozca nuestra tarea y se regularice la situación”, concluyeron.
