El intendente Mauro Poletti, junto al abogado municipal Ignacio Zubiette, anunció que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio. La iniciativa llega en medio del conflicto judicial con Ternium por la Tasa de Seguridad e Higiene y propone una medida inédita para Ramallo: habilitar la venta de deudas y juicios municipales a privados por un monto que ronda los $5.000 millones.
Poletti justificó la decisión señalando que el municipio atraviesa una “asfixia económica” producto del conflicto impositivo con la empresa siderúrgica. Sin embargo, la explicación dejó más interrogantes que certezas. El intendente aseguró que se busca “garantizar la prestación de los servicios” y emular la emergencia declarada por la Provincia de Buenos Aires, pero omitió detallar por qué Ramallo, a diferencia de otros distritos, necesita desprenderse de activos judiciales que hoy representan una de sus principales garantías financieras.
El proyecto incluye una cláusula central, que es la autorización para vender a privados los juicios que el municipio mantiene contra Ternium —y eventualmente contra otros contribuyentes— bajo la figura de cesión de deuda, contemplada en el Código Civil. Poletti confirmó que ya existen ofertas de “empresas y bancos interesados”, y que incluso hubo consultas inmediatas tras conocerse la idea.
Los montos en disputa son significativos. Según señaló el propio jefe comunal, uno de los juicios asciende a $604 millones y otro a $1.945 millones, ambos con fallos favorables al municipio en distintas instancias. Pese a ello, el intendente insistió en que el tiempo “no juega a favor”, justificando así la cesión anticipada.
Por su parte, Zubiette explicó que “no se trata de una inversión de riesgo”, dado que las causas cuentan con resoluciones judiciales previas. Pero la afirmación contrasta con el hecho de que los litigios aún no están firmes, donde la Corte provincial podría intervenir, modificar montos o extender plazos, aspectos que sí constituyen riesgos concretos. Además, la venta implica resignar parte del valor potencial del juicio en beneficio de terceros inversores, una decisión que condicionaría seriamente las finanzas municipales futuras.
La posibilidad de emitir bonos municipales atados a la deuda, otra opción que Poletti no descartó, también despierta preocupaciones. La colocación de instrumentos financieros requiere solvencia, previsibilidad y transparencia; tres condiciones que justamente se ponen en duda cuando un municipio declara su propia emergencia económica.
En paralelo, Poletti garantizó el pago de sueldos municipales correspondientes a noviembre, aunque admitió que el aguinaldo dependerá de la disponibilidad dentro de los plazos legales. También confirmó un incremento del 50% en la tasa para empresas, aplicable a todos los contribuyentes, lo que anticipa nuevas tensiones con el sector productivo.
La decisión de avanzar con la cesión de deuda será debatida en el Concejo Deliberante, posteriormente al recambio de bancas, donde Poletti contará con la mayoría automática. Sin embargo, sostuvo que la aprobación de la emergencia solo depende de una mayoría simple en el recinto deliberativo, pero el proyecto deberá pasar por las comisiones previamente.
