El Gobierno local aplicó un incremento que apenas supera la inflación, sin convocar a la mesa paritaria prevista por ley. Los gremios lo consideran un gesto autoritario y denuncian salarios de indigencia.
El Ejecutivo municipal de Ramallo anunció un incremento salarial del 2% para el mes de agosto, una cifra que apenas supera el índice inflacionario del 1,9%. Sin embargo, lejos de ser recibido como un alivio en medio de la crisis económica, el anuncio provocó un fuerte malestar entre los empleados municipales y los gremios que los representan. El motivo es que la decisión se tomó de manera unilateral y por decreto, sin convocar a la mesa paritaria prevista por la Ley 14.656 de la Provincia de Buenos Aires.
La normativa provincial es clara, sostiene que los aumentos y condiciones de trabajo deben discutirse en la Mesa de Negociación Colectiva, integrada por representantes del Ejecutivo y de los sindicatos. Además, obliga a las partes a negociar de buena fe, con reuniones periódicas y efectivas. Nada de esto ocurrió en agosto, como tampoco en julio, cuando el Ejecutivo aplicó otro 2% por decreto, decisión rechazada de manera unánime por los gremios.
La contradicción entre el discurso oficial de “diálogo abierto” y la práctica concreta de cerrar la puerta a la negociación se ha vuelto evidente. Para los trabajadores, se trata de un gesto autoritario que vulnera derechos básicos de representación sindical. Como expresó un empleado en redes sociales: “El intendente usa los fondos para la campaña electoral mientras nosotros seguimos con sueldos de indigencia”.
La realidad económica de los municipales es cada vez más difícil, los salarios de base que rondan los $300.000 a $350.000, con aumentos que, mes a mes, apenas significan entre $10.000 y $20.000 adicionales. Con una pérdida de poder adquisitivo que, según los gremios, supera el 100% en los últimos años, el 2% otorgado por decreto no alcanza a cubrir las necesidades mínimas de las familias trabajadoras.
El trasfondo del conflicto no es solo económico, sino político e institucional. Mientras tanto, crece la percepción de que los recursos municipales se orientan más a sostener la campaña política que a mejorar las condiciones de quienes sostienen día a día el funcionamiento del Estado local.
En redes sociales, los trabajadores ya no se callan: publican sus recibos de sueldo, denuncian el “despilfarro en campaña” y levantan consignas como #BastaDeSueldosIndigentes y #SalarioDignoYa, que define que el descontento es real y va en aumento.
