El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, pidió al Concejo una prórroga para presentar el Presupuesto 2026 y el proyecto fiscal e impositivo. La demora refleja el difícil panorama financiero del municipio, con deuda, salarios congelados y servicios en crisis.
El Ejecutivo municipal de Ramallo solicitó al Concejo Deliberante una prórroga para la presentación del Presupuesto 2026 y del proyecto de ordenanza fiscal e impositiva, donde se definirán los aumentos de tasas para el próximo año. Si bien la medida está contemplada dentro del procedimiento legislativo, la postergación —hasta fines de noviembre— refleja las dificultades económicas que atraviesa la administración local.
En los pasillos del municipio reconocen que los números no cierran. A mitad de año, el gobierno de Poletti ya había ejecutado más del 85% del presupuesto vigente, con un nivel de gasto que derivó en cesación de pagos, demoras en servicios y una abultada deuda con proveedores. En paralelo, se acumulan reclamos de empleados con salarios congelados y cooperativas que dejaron de prestar servicios ante la falta de cobros.
La falta de recursos llevó al Ejecutivo a buscar nuevas fuentes de ingresos, y la principal apuesta es la tasa de transporte pesado, aplicada a los camiones que transitan por el acceso a Villa General Savio desde la autopista hasta el Camino de la Costa. Con la cesión del cobro por parte de la Provincia, Poletti planea duplicar la tarifa actual, que ronda entre 15.000 y 20.000 pesos por vehículo, para alcanzar una recaudación mensual cercana al millón de dólares.
Se trata de una tasa de libre disponibilidad, es decir, sin rendición específica del destino de losfondos, lo que otorga al intendente un margen discrecional sobre su uso. Según fuentes legislativas, esa autonomía le permitiría a Poletti “manejar dos masas salariales completas por mes sin control del Concejo”. La medida, además, llega tras un acuerdo político con el gobernador Axel Kicillof, que habría habilitado la explotación del acceso vial como gesto de respaldo político.
Mientras tanto, la oposición exige transparencia y advierte sobre posibles aumentos impositivos por encima de la inflación, que cerraría el año en torno al 35-37%, mientras el nuevo presupuesto proyectaría subas cercanas al 70%. También se encendieron alertas por la ampliación de la planta política, ya que se prevé la creación de nuevas áreas y cargos dentro del gabinete municipal, lo que incrementaría aún más el gasto en salarios de funcionarios.
El retraso en la presentación del presupuesto no es solo administrativo: expone una crisis de gestión y planificación que se profundiza con el paso de los meses. En un municipio con pagos demorados, servicios resentidos y empleados en conflicto, las decisiones financieras del intendente Poletti parecen más orientadas a mantener el control político que a ordenar las cuentas públicas.
