Atrasos en pagos, recortes en áreas sensibles, suspensión de horas extras y obras paralizadas marcan uno de los períodos más complejos para el municipio. Las críticas apuntan al crecimiento de la planta política y a gastos considerados injustificados.
El municipio de Ramallo atraviesa una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente. Tras casi dos años de gestión del intendente Mauro Poletti, la administración local exhibe atrasos en el pago a proveedores, recortes en salud, suspensión de horas extras y cierres de cooperativas, mientras diversas obras públicas permanecen paralizadas. La situación, que afecta de manera directa el funcionamiento cotidiano del Estado municipal, expone un escenario preocupante que crece mes a mes.
Desde el gobierno local se insiste en que la raíz del problema es la judicialización de la tasa de Seguridad e Higiene iniciada por la empresa Ternium Siderar. Según ese argumento, la interrupción parcial del flujo de recursos proveniente del principal contribuyente municipal habría dejado sin sostén financiero a áreas enteras del municipio y al hospital José María Gomendio, cuya masa salarial depende en gran medida de esos aportes. Sin embargo, más allá del conflicto con la compañía, distintas miradas dentro y fuera del municipio señalan que la crisis tiene raíces más profundas, asociadas directamente al manejo político y económico de la gestión Poletti.
Uno de los cuestionamientos más repetidos apunta al crecimiento de la planta política. Desde el regreso de Poletti a la intendencia, la estructura de funcionarios designados a dedo se duplicó, con cargos y adicionales que en algunos casos superan ampliamente los salarios de los empleados municipales de carrera. En determinadas áreas, incluso, la cantidad de funcionarios por encima de los trabajadores operativos genera un desbalance que dificulta la prestación de servicios esenciales.
A esto se suma un esquema de gastos que muchos califican de superfluo o directamente injustificado. Las fiestas municipales, los eventos multitudinarios y los alquileres de vehículos y maquinaria con costos elevados se repiten como ejemplos de un uso de recursos difícil de explicar en un contexto de recortes. La participación en los Juegos Bonaerenses también es señalada como un gasto desmedido: delegaciones integradas por un número llamativamente alto de funcionarios, áreas de prensa sobredimensionadas y viajes con estadías financiadas con fondos municipales, donde incluso se incorporaron familiares, vecinos e instituciones como parte de acuerdos políticos.
Otra línea de críticas se enfoca en los convenios firmados con universidades privadas para instalar un supuesto Centro Universitario en Ramallo. El municipio destina, según estimaciones, montos mensuales millonarios para sostener carreras cuya matrícula real estaría muy por debajo del número por el cual se pagan las cuotas institucionales. La ausencia de criterios académicos sólidos, junto con negociaciones vinculadas a sectores sindicales y acuerdos políticos, alimenta la percepción de despilfarro y falta de planificación.
La obra pública, uno de los pilares de cualquier gestión municipal, también muestra señales de deterioro. Varias construcciones quedaron paralizadas o inconclusas, y en las que avanzaron se detectan materiales de menor calidad a los presupuestados. Las localidades que no acompañaron políticamente al intendente en las elecciones recientes denuncian un virtual abandono, mientras las que sí lo respaldaron recibieron prioridad en recursos y trabajos.
Con salarios municipales deteriorados más del 25% frente a la inflación y sin garantías de poder afrontar sueldos, aguinaldos ni el inicio del próximo año administrativo, el municipio se prepara para impulsar una nueva reforma tributaria que incrementaría las cargas de las tasas sobre vecinos y empresas, lo que encendió las alarmas en otras empresas, que buscarían judicializar los aumentos.
