En los últimos días se intensificaron los operativos de control sobre motos que circulan fuera de las normas vigentes de tránsito, especialmente aquellos que utilizan escapes no reglamentarios que generan ruidos molestos. Los procedimientos, coordinados entre el área de Tránsito, la Policía y el Juzgado de Faltas, se llevan a cabo tanto en la vía pública como a través del monitoreo de cámaras de seguridad.
La jueza de Faltas, Dra. Sol Aroza, explicó que el uso de escapes adulterados no constituye una simple infracción, sino una falta grave con consecuencias directas en la salud pública. “El exceso de decibeles afecta a personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y también a los animales. No se trata solo de contaminación sonora: estos ruidos generan trastornos físicos y emocionales en sectores vulnerables. No es una moda ni un capricho, es una cuestión de salubridad”, sostuvo.
Los procedimientos se realizan bajo un marco legal estricto. Cuando se constata una infracción grave —como maniobras peligrosas o escapes no autorizados— se labra el acta correspondiente y, de ser necesario, se solicita al Juzgado de Faltas el allanamiento y secuestro del vehículo. Aroza remarcó que no se busca perseguir a los motociclistas, sino actuar de forma preventiva y responsable, priorizando la seguridad del personal interviniente y de la población.
Las sanciones aplicadas son severas y no contemplan pago voluntario ni reducción de multas. La penalización mínima equivale a 300 unidades fijas, lo que representa actualmente más de $450.000. Para retirar el vehículo, el infractor debe presentar la documentación legal que acredite la propiedad y reemplazar el escape no reglamentario por uno autorizado, ya que el anterior debe ser destruido antes de la restitución.
Aroza también advirtió sobre la existencia de documentación apócrifa en el mercado ilegal y subrayó la necesidad de controles rigurosos para evitar la circulación de vehículos que puedan estar vinculados con hechos delictivos. “El Juzgado no puede permitir la restitución de motos sin papeles claros. Debemos garantizar que el control no termine favoreciendo el robo o el narcotráfico”, señaló.
La jueza destacó que el propósito de estas acciones no es recaudatorio, sino sanitario y social. “El ruido excesivo altera la vida cotidiana y afecta la convivencia entre vecinos. Apelamos a la empatía y a la responsabilidad de cada conductor para construir un tránsito más respetuoso y una comunidad más saludable”, concluyó.
